El 74,6% de los lanzamientos, unos 20.558, fue a consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.073 (18,4%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.933 alzamientos restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento interanual del 4,5% respecto a 2023, y los derivados de ejecuciones hipotecarias, una disminución del 3,6%.
Por territorios, —Cataluña, con 7.381, el 26,8% del total— fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.027; la Comunidad Valenciana, con 3.610; y Madrid, con 2.375. Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.539. Le siguen Andalucía, con 2.712; la Comunidad Valenciana, con 2.517; y Madrid, con 2.317. En cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, Cataluña, con 1.121, fue la primera. Le sigue Andalucía, con 994; Comunidad Valenciana, con 915, y Murcia, con 423. UN 18,3%
Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en 2024 se iniciaron 23.164 ejecuciones hipotecarias, un 18,3% más que el año anterior. En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2024 (5.519), seguida por Cataluña (4.491), la Comunidad Valenciana (3.403), Madrid (2.204) y Murcia (1.229). Sin embargo, si se atiende al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Murcia, con 78. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 63,5; Andalucía, con 62,7; Cataluña, con 55,7 y Castilla-La Mancha, con 53,2.
Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En 2024 los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, que sumaron 2.309, experimentaron un incremento interanual del 1,8%. En Cataluña se registraron 463 (el 20,05% del total nacional); en Andalucía, 449; en la Comunidad Valenciana, 391 y en Madrid, 186.
