Cada año, decenas de miles de millones de euros se destinan a pagar intereses en lugar de reforzar la sanidad, la educación o las infraestructuras. Sin embargo, el debate político sigue centrado en cómo recaudar más, cuando la verdadera cuestión es cómo gastar mejor.
El próximo Gobierno debería asumir una realidad incómoda: España no puede seguir financiando gasto permanente con deuda permanente. La consolidación fiscal exige decisiones que ningún Ejecutivo ha querido tomar por miedo al coste electoral.
La primera medida debería ser una auditoría integral del gasto público. Entre administraciones, organismos autónomos, empresas públicas, observatorios, fundaciones y entes consultivos existen miles de estructuras cuya utilidad real nunca se evalúa. Un plan de racionalización podría generar entre 5.000 y 10.000 millones de euros anuales de ahorro.
La segunda gran reforma pasa por reducir el gasto político y administrativo. España mantiene una compleja superposición de competencias entre Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos. La eliminación de duplicidades y la limitación de altos cargos, asesores y organismos instrumentales podría aportar entre 3.000 y 5.000 millones anuales.
También es imprescindible revisar las subvenciones. Cada año se movilizan decenas de miles de millones en ayudas públicas sin una evaluación rigurosa de resultados. Suprimir aquellas que no acrediten eficacia permitiría liberar entre 4.000 y 8.000 millones de euros.
Otra fuente de ahorro está en la lucha contra el fraude y los pagos indebidos en prestaciones y contratación pública. La digitalización, el cruce de datos y una mayor fiscalización podrían reducir costes en 2.000 o 3.000 millones al año.
La contratación pública representa cerca del 20% del PIB. Una mejora modesta de la eficiencia, del 2% al 3%, permitiría obtener entre 3.000 y 5.000 millones de ahorro adicional sin recortar servicios.
Por último, es necesaria una reforma de la Administración orientada a la productividad. La jubilación no reemplazada de parte de las plazas administrativas, la simplificación de procesos y la digitalización podrían generar entre 2.000 y 4.000 millones de euros en un horizonte de varios años.
En conjunto, estas medidas permitirían reducir el gasto público en entre 20.000 y 35.000 millones de euros anuales, aproximadamente entre 1,2 y 2 puntos del PIB. No resolverían por sí solas el problema de la deuda, pero sí marcarían una senda creíble de reducción del déficit y recuperación de la confianza.
La cuestión ya no es económica, sino política. Los diagnósticos son conocidos y las soluciones están identificadas. Lo que falta es un Gobierno dispuesto a decir una verdad incómoda: España no puede seguir gastando como si los mercados fueran una fuente inagotable de financiación. La prosperidad futura dependerá menos de crear nuevos impuestos que de poner fin a décadas de ineficiencias, duplicidades y gasto improductivo.
La deuda no se reduce con discursos. Se reduce con reformas. Y cuanto más se retrasen, más doloroso será el ajuste inevitable.
