Así lo ha comunicado la presidenta madrileña que se encuentra de viaje institucional en Nueva York. La deducción supondrá un 20% del total de la inversión realizada en activos financieros en la cuota autonómica de este gravamen.
Las condiciones son no haber residido en España en los últimos cinco años y que la inversión se mantenga durante los siguientes seis años. Ayuso ha dado a conocer la nueva medida durante el desayuno informativo que ha protagonizado y que ha sido organizado por Spain-Us Chamber of Commerce e Invest in Madrid bajo el título Madrid, líder en atracción de inversiones extranjeras. Allí ha detallado el modelo económico de la Comunidad basado en una baja fiscalidad «que no castigue a las empresas» y una Administración «amable y eficaz, con menor burocracia posible».
Además, tal y como ha explicado la líder madrileña, la inversión será tanto para activos financieros como inmobiliarios. «Que se queden a vivir entre nosotros es lo que queremos, que lleguen a Madrid nuevas familias que se establezcan aquí y vengan con sus hijos a seguir contribuyendo a esta España», ha explicado. Con esta nueva medida, no se establece tope máximo ni mínimo, es decir, este incentivo será aplicable a partir del primer euro invertido.
El único límite anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20%, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco.
De esta manera, un madrileño retornado o extranjero que invierta 1 millón de euros, se podrá deducir el 20% del total (200.000 euros) si su cuota de IRPF para ese año es igual o superior. En caso contrario, lo que no se pueda aplicar ese año, se repartirá en los cinco siguientes ejercicios.
Se trata de una medida fiscal diseñada para facilitar la llegada de capital foráneo y nuevos contribuyentes y, también, para favorecer a las empresas que ya están radicadas en la Comunidad de Madrid y que buscan fondos para poder expandir sus negocios.
El Ejecutivo madrileño iniciará en las próximas semanas el procedimiento para llevarlo a cabo, como es la publicación del anteproyecto de ley en audiencia pública antes de poder elevarlo al Consejo de Gobierno. Una vez éste lo apruebe, será remitido a la Asamblea para su tramitación parlamentaria y aprobación final.
