La advertencia es del presidente del Consejo General de Economistas de España, Pich, que lamenta que la nueva figura fiscal se haya creado a través de una enmienda a una proposición de ley, precisando que «tampoco las prisas han ayudado en su diseño». El Ejecutivo y varias autonomías habían denunciado que las diferencias entre territorios en esta figura venían dando lugar a una situación de competencia desleal entre las distintas administraciones (‘dumping fiscal’).Las críticas al conocido como impuesto a los ricos se enmarcan en la presentación, este martes, del informe ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023’, en el que Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– desgrana el desarrollo de la capacidad normativa de cada autonomía, respecto al IRPF
En opinión de Pich, el Ejecutivo que salga de las urnas a finales de año tiene por delante la urgente tarea de diseñar y aprobar una reforma del sistema de financiación autonómica, que caducó en 2014 y que tanto el actual como los anteriores Gobiernos se habían comprometido en su momento a llevar a cabo. El nuevo modelo de reparto deberá llevar aparejada «necesariamente» una reforma fiscal bastante amplia, dado que buena parte de los recursos de que dispone se obtienen de tributos cedidos total o parcialmente. El desafío añadido que presenta esa reforma es que deberá diseñarse en un momento en que volverán a estar vigentes las reglas fiscales a nivel europeo (2024), con la consiguiente exigencia de contención presupuestaria para los estados miembro y para sus distintas administraciones. Actualmente, la regulación de los impuestos cedidos a las regiones es «laberíntica», en opinión de Fernández, presidente del REAF.
El órgano constata cómo parece que se intenta racionalizar el universo de los impuestos propios con la creación de impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas (como el de residuos), unificando los que gravan el mismo objeto imponible, pero, al mismo tiempo, «no se agota la imaginación para crear nuevas figuras impositivas». Fernández ha explicado que utilizando la capacidad normativa de que disponen en tributos cedidos, las autonomías han producido 958 impactos normativos, de los cuales 317 corresponden al IRPF, sobre todo deducciones, aunque estas sólo reportaron a los contribuyentes un ahorro en 2020 de 498 millones de euros, el equivalente al 0,47% de la recaudación total.
