El juicio celebrado en contra el histórico de la banda terrorista y la que fuera su compañera Miren Itxaso Zaldúa quedó visto para sentencia a principios del pasado mes de julio. Sin embargo, esta última fue puesta en libertad por orden del tribunal tras la vista anterior al verano a pesar de que la Fiscalía mantuvo contra ella la petición de los mismos años de prisión que se le han impuesto ahora a Ata.
En una amplísima sentencia de 52 páginas, la Sala de lo Penal de la AN considera autor material de un delito de asesinato terrorista a Carrera Sarobe, y le ordena indemnizar a la viuda y al hijo del dirigente ‘popular’ con 250.000 euros a cada uno de ellos. Además, el exjefe de ETA tiene prohibido acercarse a Zaragoza, donde reside la familia de Giménez Abad, durante los próximos cinco años.
La resolución considera que existe prueba «absolutamente convincente» para condenar a Carrera Sarobe. Y, para ello, ha tenido en cuenta tanto la declaración del hijo del fallecido, Borja, como el informe de la autopsia, las pruebas periciales sobre las vainas y de balística, la reivindicación del atentado por parte de la propia banda terrorista y las declaraciones de las testigos protegidas y del hijo del político asesinado. Junto a todo lo anterior, además, la Sala ha tenido también en cuenta otra prueba de carácter secundario constituida por varios testimonios de personas que ni presenciaron los hechos, ni pueden identificar a sus autores, pero que se encontraban cerca y cuyos relatos son plenamente compatibles con la información proporcionada por los medios principales.
El Tribunal, una vez analizada la amplísima prueba disponible, ha entendido que, más allá de las manifestaciones exculpatorias del acusado, «se ha practicado prueba suficiente que acredita la participación de Mikel Carrera Sarobe en los hechos juzgados como autor material del asesinato del Sr. Giménez Abad», el 6 de mayo de 2001, cuando se dirigía al estadio de fútbol de La Romareda, acompañado por su hijo Borja.
La sentencia ha valorado, muy especialmente, las declaraciones de las testigos protegidas y sus identificaciones desde sus muy personales circunstancias y desde los lugares cercanos al punto en el que fue asesinado el presidente del PP de Aragón.
Pese a que «son relatos distintos», sin embargo, «armonizan plenamente y su valor radica en que todos ellos son armónicos, coincidentes en la identificación, pero partiendo de relatos muy personales que desmienten cualquier riesgo o contagio», entre otras cosas porque «dichas testigos no se conocen entre sí», ha expuesto tajante el tribunal.
Estos testimonios, unidos al del propio Borja Giménez Larraz sobre el reconocimiento fotográfico y la identificación inequívoca del acusado en rueda de reconocimiento, así y como el informe de inteligencia 17/2015, han conformado las pruebas que «acreditan la autoría de Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe» en el atentado perpetrado hace más de 22 años.
Respecto de la otra acusada, Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, para quien la Fiscalía pedía una condena de 30 años de prisión, la Audiencia considera que la prueba de cargo practicada no es suficiente como para acreditar su participación en los hechos juzgados, tal y como ponen de manifiesto los elementos probatorios. Entre otros, los informes de inteligencia, el reconocimiento fotográfico de la acusada y su propia declaración exculpatoria.
«La conclusión tras el examen de la prueba», dicen los magistrados, «es que los informes de inteligencia examinados no permiten concluir que el 6 de mayo de 2001 la acusada se encontraba en Zaragoza con el fin de atentar contra Giménez Abad». Además, el fallo añade que «ni siquiera es posible afirmar que la acusada formara parte del comando Bajasun ni que el atentado fuera obra de este grupo».
En segundo lugar, apunta la Sala, «las circunstancias en que se produce la identificación fotográfica de la acusada» por uno de los testigos protegidos «generan muy serias dudas sobre la fiabilidad de esa identificación».
La sentencia, incluye el voto particular del magistrado de Prada favorable a la absolución de Mikel Carrera al considerar que no se ha recabado prueba suficiente que sustente la condena. El voto señala que «sin dejar de tener en cuenta que existen elementos indiciarios y de prueba» en contra del acusado, «no son de suficiente entidad ni tienen suficiente consistencia para concluir (…) que se tratara de la persona que cometió materialmente el hecho de dar muerte mediante disparos de arma de fuego a D. Manuel Giménez Abad».
El magistrado explica en su pronunciamiento discrepante que los informes de inteligencia policial en los que se basa la sentencia mayoritaria para la condena deben ser tenidos en cuenta como «conclusiones policiales» que pueden servir de orientación para la opinión judicial, pero nunca puede sustituirla. Al igual que en el caso de «la identificación llevada a cabo por los testigos presentados por la acusación» y que identificaron a Carrera Sarobe como el autor de los disparos, a juicio de De Prada «tampoco resulta definitivo desde el punto de vista probatorio».
Una puerta abierta para los futuros y eventuales recursos, incluso ante la Justicia europea, que podría instar Ata para intentar la anulación de la sentencia, y su consecuente condena, que se ha hecho pública hoy.
