El abogado del político, Boye, pidió recusar a Llarena el pasado 26 de septiembre por sus palabras en la Fundación Villacisneros unos días antes explicando que debía estudiarse si la medida de gracia era constitucional. En un escrito del alto tribunal de este mismo viernes, Llarena explica que la conferencia en la que participó era en un espacio «estrictamente académico» y respondía a un análisis de criterios técnicos básicos sin evaluar en ningún caso la ley de amnistía.
Igualmente, aduce que con independencia del contenido de la conferencia, no puede considerarse comprometida su imparcialidad cuando los recusantes reclaman su separación de la instrucción.
«La actual causa de recusación busca el apartamiento inmediato del instructor especulando sobre mi posicionamiento ante una previsión legal que no existe y que puede no llegar a existir, de modo que esa consideración carece hoy de cualquier relevancia para la causa», señala. El juez acusa a Puigdemont de tratar de dilatar los procedimientos de forma injustificada.
