Se trata de una enmienda al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, y que supone una modificación del artículo dos de la Ley de Autonomía del Banco de España.
Escrivá ya dijo en su toma de posesión como gobernador que tenía intención de promover modificaciones a esta ley, que data de 1994, para reforzar su independencia frente al Gobierno. Con la medida que plantea el PSOE, los actos administrativos que dicte la institución en el ejercicio de sus funciones, así como las funciones que imponga, dejarán de ser susceptibles de recurso ordinario ante el Ministerio de Economía
El Grupo Socialista esgrime que la modificación está en línea con el marco comunitario europeo, con su pertenencia al Mecanismo Único de Supervisión, con los «más altos estándares internacionales de independencia supervisora» e incluso con el régimen de otras autoridades independientes.
En este sentido, los socialistas justifican que la enmienda implica ir en línea con la práctica actual en relación con los actos dictados por la CNMV –se ha eliminado el recurso de alzada con la aprobación de la Ley 6/2023–, el FROB o la CNMC.
