El Tribunal Supremo ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a que abone a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de 320 millones de euros que se les adeuda tras declararse inaplicable el bono social eléctrico fijado por el último Gobierno de Mariano Rajoy.
En sendos autos, fechados en mayo y junio de este año, el Supremo insta al Gobierno a que proceda al pago más los intereses legales correspondientes. El año pasado, el Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y anuló varios artículos del Real Decreto de 2017 que regulaba esta figura, por considerar que carecía de «justificación objetiva y razonable» y provocaba un «trato discriminatorio». En concreto, declaraba «la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social». Lo que se establecía en la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico y en el Real Decreto-Ley 7/2016.
El Supremo falló que se produjo un trato discriminatorio «al no imponerse la financiación a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin una justificación objetiva y razonable». Fruto de esta decisión, se estableció que se debía compensar a Endesa, con 152,2 millones de euros; Naturgy, con 64,2, e Iberdrola, con 103, en concepto de indemnización por el coste de financiación del bono social establecido por el ultimo Gobierno de Mariano Rajoy, aunque dichas cantidades todavía no han sido desembolsadas.
El Gobierno ya procedió a devolver las cantidades financiadas por las compañías por el bono social en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes, con un importe total que alcanzaba casi los 520 millones de euros. Como el Alto Tribunal le ha anulado el mecanismo de financiación hasta en tres ocasiones, el Ejecutivo ideó una nueva fórmula. En el uno de los ‘megadecretos’ aprobados para hacer frente a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, se introdujo que el bono social sería asumido por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en mercado. La novedad está en que ahora se incluye en el mecanismo a todo los agentes del sector. El bono social lo financiaban antes las comercializadoras eléctricas y su coste anual era de unos 200 millones de euros.
Las sentencias parten de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente de lo afirmado en su sentencia de 14 de octubre de 2021 en la que se sostiene que las obligaciones de servicio público, como el caso del bono social, deben imponerse «con carácter general a las empresas eléctricas» y no a algunas empresas concretas. Fuentes del sector advierten de que las empresas acabarán repercutiendo el coste del bono social en las facturas de la luz de los consumidores finales si el Gobierno mantiene la idea de que sea el sector privado quien debe sufragarlo.
La patronal de las grandes eléctricas Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, viene defendiendo que el bono social, como «herramienta de política social» para los consumidores más vulnerables, sea financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al igual que sucede con el bono térmico. Actualmente, es la tarifa regulada (el PVPC) la que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico.
