Tras el fallo, el magistrado Pablo Llarena ha retirado las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La resolución también implica el archivo de los procedimientos pendientes relacionados con estos hechos.
El Constitucional, por siete votos frente a cinco, concluye que el Tribunal Supremo vulneró derechos fundamentales al negarse a aplicar la ley de amnistía. Según la sentencia, el alto tribunal realizó una interpretación “extensiva e impredecible” de la norma, alejándose de su finalidad de normalización institucional y política.
La decisión anula las resoluciones del Supremo sobre la malversación y establece una doctrina aplicable al resto de dirigentes afectados por el proceso independentista. Además, permitirá levantar las penas de inhabilitación aún vigentes para líderes condenados como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que recuperarán plenamente sus derechos políticos.
El pronunciamiento ha provocado una fuerte división política. El PSOE y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han defendido la resolución como un paso para la normalización en Cataluña, mientras que el PP la considera una decisión política destinada a beneficiar a los impulsores del ‘procés’. Por su parte, Sumar ha celebrado el fin de las medidas penales derivadas del conflicto independentista.
