El Gobierno ha confirmado que no reconocerá el resultado electoral hasta que se publiquen de manera íntegra las actas de las votaciones y se puedan verificar de forma independiente. En ese sentido, considera «indispensable» la publicación íntegra y verificable de las actas tal y como ha pedido Naciones Unidas y, añade Exteriores, tal y como es habitual en todas las democracias. No confía por tanto en la revisión por parte de los magistrados del Supremo venezolano, a cuyo frente está Caryslia Beatriz Rodríguez, quien formó parte del partido de Chávez y Maduro antes de acceder a este tribunal.
España exige además que se garantice el derecho de los ciudadanos venezolanos a manifestarse pacíficamente y a expresar sus opiniones políticas. En ese sentido, subraya su colaboración con otros gobiernos de América Latina y sigue abogando por una solución que pase por el diálogo entre venezolanos y venezolanos en la línea del pacto por la democracia que el ministro Albares ofreció al PP en su reciente comparecencia en el Senado.
El último en manifestarse sobre el aval del Supremo de Venezuela ha sido Borrell, Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea. Borrell respalda la posición de España y confirma que la UE tampoco va a reconocer el resultado «hasta tener pruebas y un resultado verificable». El diplomático español lamenta que «nadie ha podido hasta el momento ver las actas» y da por hecho que Maduro no las va a enseñar. Por último, ha reconocido que está buscando que se acuerde una posición común en los 27 sobre Venezuela, para lo que apunta a la reunión de ministros de Exteriores de finales de este mes en la que se hablará del país latinoamericano a petición de España.
