Se promete movilizar hasta 23.000 millones de euros para paliar el déficit habitacional y construir 15.000 viviendas al año, pero no se concreta cómo se garantizará que estos recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, ni se explican los mecanismos para evitar que acaben alimentando la especulación o beneficiando a los grandes fondos de inversión.
¿Qué es realmente un fondo? Un fondo, en términos económicos y financieros, es un vehículo de inversión colectiva o instrumento financiero que aglutina recursos procedentes de diferentes fuentes—públicas, privadas o mixtas—con el objetivo de destinarlos a proyectos concretos bajo una gestión profesionalizada. Es decir, no consiste en dinero depositado en una cuenta esperando a ser usado, sino en un compromiso de movilizar capital conforme aparezcan proyectos viables y rentables según los criterios del fondo y de los agentes coinversores. En la práctica, el éxito de un fondo depende de la capacidad real de identificar proyectos sólidos, de atraer capital privado y de desplegar los recursos en condiciones que garanticen un retorno social o económico mensurable.
Sin embargo, es frecuente que los anuncios políticos sobre la creación de fondos se centren en las cifras agregadas (las famosas «movilizaciones de inversión») y no en su impacto concreto. Un fondo no garantiza, per se, ni la ejecución automática de los recursos ni el éxito social de sus iniciativas: existen numerosos ejemplos de fondos cuya existencia queda en el papel porque no se encuentran proyectos adecuados, las condiciones de coinversión no convencen a los actores privados o la burocracia paraliza el proceso. Además, la falta de transparencia y de mecanismos claros de evaluación puede hacer que fondos de este tipo terminen siendo cajas opacas donde el seguimiento del dinero es difícil y su beneficio real, cuestionable.
La retórica grandilocuente sobre la mayor movilización de financiación pública y privada de la historia contrasta con la realidad de una gestión marcada por la ineficacia y la lentitud en la ejecución de los fondos europeos anteriores. De hecho, el propio Gobierno reconoce que una parte sustancial de la financiación depende de atraer inversión privada, pero no aclara qué incentivos reales existen para que el sector privado apueste por proyectos sociales y no por operaciones de rentabilidad inmediata. Además, la gestión encomendada al ICO, aunque acertada en teoría, podría verse lastrada por la falta de agilidad administrativa y la excesiva burocracia que históricamente han caracterizado este tipo de iniciativas.
En definitiva, más allá de los discursos y las cifras mareantes, el fondo «España Crece» parece más una operación de marketing político que una solución efectiva y sostenible a la crisis habitacional y a los retos económicos de fondo. El Gobierno debería dejar de lado los anuncios grandilocuentes y centrarse en políticas estructurales, transparentes y evaluables que realmente transformen el acceso a la vivienda y el modelo productivo español, en lugar de limitarse a lanzar promesas que luego rara vez se cumplen en la práctica.
