El ‘think tank’ lamenta que esta posibilidad no esté recogida en el Proyecto de Ley De Movilidad Sostenible que el Ejecutivo ha vuelto a remitir a las Cortes tras haber decaído a raíz de la disolución del parlamento por la convocatoria de las elecciones de julio de 2023.
Bajo el paraguas del tercer número de su serie ‘Food for thought’ dedicado a las políticas e infraestructuras de transportes, la fundación defiende el principio de «pago por uso y el que contamina paga» en aras de internalizar las externalidades para acercar los costes privados a los sociales. En esta línea se enmarca la idea de diseñar una tarifa de congestión en las grandes urbes, ya presente en otras ciudades europeas como Londres, Milán, Estocolmo o Copenhague. «En estos casos, la recaudación es enorme, pero estás financiándote a raíz de corregir el problema de sostener tanto tráfico cuando no hay capacidad para ello», ha explicado uno de los autores del informe, Ginés de Rus.
