Aunque algunas de ellas están dirigidas a mitigar el encarecimiento de los precios de la energía sobre los consumidores, la mayor parte del texto normativo incorpora modificaciones de carácter estructural en la regulación del sistema eléctrico.
Ante esta situacion, Fedea publica un trabajo de Diego Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid y FEDEA) que analiza en detalle el contenido del RDL y valora sus principales implicaciones desde el punto de vista económico y regulatorio.
Medidas de contención del precio de la energía para consumidores
Por un lado, en el RDL se recuperan de forma temporal algunas de las medidas de contención ya utilizadas durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, como la reducción de tipos impositivos o el refuerzo del bono social. En opinión del autor, estas actuaciones contribuyen a aliviar el impacto del aumento de precios sobre los hogares y a moderar la inflación, aunque señala que, como ya ocurrió en episodios anteriores, no discriminan en función de la renta y atenúan las señales de precios que podrían favorecer un menor consumo energético.
Reforma del acceso y conexión a la red eléctrica
Por otro lado, el RDL introduce reformas relevantes para abordar problemas estructurales del sector eléctrico, en particular en materia de acceso y conexión a la red, planificación de infraestructuras y despliegue de renovables y almacenamiento. Una parte sustancial del análisis se centra en las reformas introducidas en las condiciones de acceso y conexión a la red eléctrica. Entre ellas, se valora positivamente la creación de una prestación por reserva de capacidad, en la medida en que contribuye a reducir el acaparamiento especulativo de permisos y favorece un uso más eficiente de la capacidad disponible en la red. En el mismo sentido, al autor valora positivamente la introducción de nuevos hitos temporales cuya superación implica la caducidad automática de los permisos, así como mecanismos que facilitan la renuncia o reducción de capacidad asignada. Estas medidas actúan como “pruebas de vida” de los proyectos y buscan evitar la acumulación de capacidad no utilizada, que limita el acceso de nuevos proyectos viables en un contexto de saturación de la red que es, en parte, meramente contractual.
Proyectos estratégicos y riesgos de discrecionalidad regulatoria
Sin embargo, el autor también identifica elementos de preocupación en el nuevo marco regulatorio. En particular, considera que la introducción de la categoría de proyectos “de alta prioridad” y, dentro de ella, de los proyectos estratégicos definidos por la Administración, puede abrir la puerta a una asignación discrecional del acceso a la red que podría distorsionar la competencia. La posibilidad de otorgar preferencia en el acceso a determinados proyectos por su carácter supuestamente estratégico supone, en la práctica, un cambio respecto al principio de prelación temporal y a los mecanismos de concurrencia competitiva existentes hasta ahora e implica, a su juicio, utilizar el acceso a la red como instrumento de una política industrial intervencionista.
En relación con los centros de datos, el RDL anticipa la creación de un régimen específico de acceso y conexión que podría incorporar requisitos vinculados al origen renovable de la electricidad consumida, la eficiencia energética, el uso del agua o la contribución a la soberanía digital. El trabajo desaconseja esta aproximación, al considerar que introduce criterios ajenos al procedimiento de acceso a la red y que podrían generar un tratamiento diferenciado entre tipos de consumidores sin una justificación clara desde el punto de vista regulatorio.
El autor considera adecuadas las medidas orientadas a flexibilizar la planificación de la red de transporte, estableciendo revisiones periódicas más frecuentes y mecanismos que permiten adaptar la planificación a la evolución real de la demanda. Asimismo, se facilita el cambio de uso de determinadas posiciones en las subestaciones y se introduce la posibilidad de que los solicitantes financien una parte relevante de las inversiones necesarias para nuevas posiciones, lo que se valora positivamente como mecanismo de filtrado de proyectos.
Despliegue renovable, almacenamiento y descarbonización industrial
En el ámbito del despliegue de las energías renovables, el RDL incorpora las denominadas zonas de aceleración renovable (ZAR), en línea con la Directiva europea RED III, y simplifica determinados procedimientos administrativos. El autor considera que estas medidas pueden contribuir a agilizar el despliegue de nuevas instalaciones, pero en el trabajo se advierte nuevamente del riesgo de introducir elementos de subjetividad en la asignación de recursos escasos como la capacidad de acceso a la red a través de la figura de los proyectos energéticos preferentes. Por último, el autor valora positivamente las medidas para impulsar el almacenamiento, en particular el bombeo hidráulico, al ampliar la vigencia de los permisos de acceso y declarar su utilidad pública, así como la introducción de nuevos instrumentos para fomentar la descarbonización industrial, como los contratos por diferencia de carbono a través del Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial.
Valoración global del RDL 7/2026: avances y cautelas regulatorias
En suma, el autor considera que el RDL 7/2026 constituye una reforma de amplio alcance que, en conjunto, introduce mejoras relevantes en el funcionamiento del sector eléctrico, especialmente en lo relativo a la gestión de los permisos de acceso y conexión y a la planificación de infraestructuras. No obstante, también incorpora mecanismos que pueden aumentar la discrecionalidad en la asignación de un recurso escaso como es el acceso a la red eléctrica, lo que no suele resultar aconsejable dada la dudosa capacidad de los gobiernos para elegir “ganadores” mejor que los mercados.
