Los resultados están en línea con los obtenidos en los informes precedentes. La intervención pública con el conjunto de impuestos y prestaciones redujo la desigualdad en la distribución de la renta de mercado de los hogares en un 31,9%. Las prestaciones monetarias son responsables del 72,4% de esa reducción, los impuestos, del 3,7% y las prestaciones en especie, del 23,8% restante. Si se añaden los gastos públicos distintos de las prestaciones públicas ya consideradas (servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, protección del medio ambiente, protección social, etc.), el porcentaje de reducción de la desigualdad se eleva hasta el 41%.
Distribución por quintiles de renta: beneficiarios netos y contribuyentes netos, los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (esto es, el 60% de los hogares residentes con menor renta bruta) son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2023, ya que perciben un subsidio efectivo neto, es decir, una diferencia positiva entre prestaciones e impuestos. Los hogares ubicados en los dos quintiles superiores (es decir, el 40% con más renta bruta) son, en media, contribuyentes netos, ya que, para ellos, la diferencia entre prestaciones e impuestos es negativa. El gráfico también refleja que el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la escala de rentas brutas
Como novedad, se presentan los resultados que se obtienen al adoptar un enfoque alternativo al empleado habitualmente en el Observatorio para las prestaciones monetarias contributivas. Con este nuevo enfoque se considera que el componente contributivo de las pensiones y de las prestaciones por desempleo es una retribución salarial diferida y como tal se integra en la renta de mercado de los hogares y no entre las prestaciones públicas monetarias; mientras que las cotizaciones sociales se tratan como un mecanismo de ahorro forzoso y, por tanto, no forman parte de la renta de mercado ni se computan como ingresos fiscales. Con esta aproximación alternativa, el efecto redistributivo conjunto de impuestos y prestaciones pasa a ser del 19,7%. De esta reducción de la desigualdad, las prestaciones monetarias explican el 41,6%, los impuestos, el 13% y las prestaciones de sanidad y educación, el 45,4%. Si se añaden los gastos públicos distintos de las prestaciones públicas, el porcentaje de reducción de la desigualdad consecuencia de la intervención pública sería el 30,4%.
El Gráfico 2 resume los resultados de la aplicación de este enfoque. Con respecto a la información que presenta el Gráfico 1, las prestaciones monetarias y en especie siguen siendo progresivas, aunque los subsidios medios efectivos de las primeras se han reducido sustancialmente, como consecuencia de la exclusión de las prestaciones contributivas. Los tipos medios efectivos de los impuestos también son más pequeños, debido a que las cotizaciones sociales ya no se consideran entre los ingresos fiscales. Por el mismo motivo, aunque el sistema fiscal es todavía regresivo en el tramo más alto de renta bruta, la diferencia con el tramo anterior es mucho menor. En cuanto al saldo entre prestaciones e impuestos de los hogares, su tamaño es, lógicamente más pequeño y, a diferencia de lo que mostraba el Gráfico 1, es progresivo a lo largo de toda la distribución de la renta bruta. En términos medios, con este tratamiento alternativo del componente contributivo de los sistemas de pensiones y la cobertura del desempleo, son beneficiarios netos los hogares situados en los primeros cuatro quintiles y contribuyentes netos, el restante 20% de hogares con mayor renta bruta.
