Fondos que durante la última década levantaron o compraron carteras de miles de pisos para explotarlos en arrendamiento están dando por terminada esa estrategia, vendiendo sus portfolios o sacando las viviendas al mercado una a una. La elevada revalorización de los pisos hace especialmente atractiva la desinversión, pero detrás del movimiento aparece también otro factor que se repite entre los grandes inversores: la regulación, los controles sobre las rentas y la inseguridad jurídica.
El resultado es paradójico. Mientras España necesita ampliar con urgencia su parque de alquiler, parte de la vivienda que estaba gestionada profesionalmente está recorriendo el camino contrario. Los fondos venden las carteras a otros inversores que, en la mayoría de los casos, las adquieren precisamente para «privatizarlas», como denomina el sector a vender posteriormente cada piso de manera individual a particulares. La vivienda no desaparece del mercado residencial, pero sí deja de formar parte del parque de alquiler.
La tendencia empezó a hacerse especialmente visible en Cataluña. Entre 2019 y 2024, la inversión en residencial destinado al alquiler cayó cerca de un 30% en Barcelona, desde 204 millones hasta 145 millones de euros. El retroceso coincidió con un endurecimiento progresivo de la regulación, que incluye la reserva del 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones para vivienda protegida y, posteriormente, la aplicación del control de rentas en las zonas tensionadas.
