«Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella», ha dicho, en el marco de su comparecencia en la Comisión de Justicia que se ha celebrado este martes en el Senado, donde PP y Vox le han urgido a renunciar. El jefe del Ministerio Público se ha mostrado seguro de que, si dimitiera, «estaría haciendo una concesión, una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas», y «y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad».
«Y la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, fuerte, muy fuerte. Porque los fenómenos delictivos que nos acosan (…) Las redes criminales transnacionales –el narcotráfico, el terrorismo internacional– son fenómenos que, como vean, un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlos», ha avisado.
Además, ha dicho que es «fácil» meterse con el fiscal general, tanto en esta situación concreta como habitualmente porque, le designan el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias pero debe ser imparcial y neutral. «Pero yo no me puedo defender, yo no puedo salir al campo político, independientemente de mi imputación, y contestar a todas las cosas que generalmente se le dicen a un fiscal general. Porque si lo hiciera, porque si aterrizara en la arena política, perdería la condición de neutralidad. Perdería esa condición que es la que hace que pueda realizar mi función», ha expuesto.
Por eso, ha incidido en que, «hasta cierto punto, es fácil meterse con el fiscal general», asegurando que «hasta un niño de cuatro años podría hacerlo y el fiscal general no le iba a contestar, porque no puede»: «No hablamos el mismo lenguaje. Si hablásemos el mismo lenguaje yo dejaría de ser fiscal general, me convertiría en un parlamentario».
En este sentido, ha defendido que, si bien «es sano en democracia» que cada cual ejerza sus competencias, «el exceso de ejercicio de las competencias también es un problema en democracia». «Nadie puede excederse en el uso de sus competencias porque estaremos equivocando los campos de juego en los que estamos cada uno», ha alertado.
También ha reiterado que tenía derecho y obligación de borrar los chats y correos de sus dispositivos para proteger los datos de los que es «custodio». «Por lo tanto, borro tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad (…) como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio», ha explicado. Así, ha insistido en que borra «regularmente» los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que ha aclarado que su cuenta personal de correo electrónico no la borró al calor del inicio de las pesquisas en su contra, el pasado octubre, sino «el 27 o el 28 de diciembre» ante «el acoso» que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.
