Así lo afirmó Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en La Moncloa, en la que la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, indicó que algunos magistrados están dando “señales» que no se comprenden. «Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender», aseguró Alegría para defender la labor de García Ortiz, e insistió en que «no hay ninguna prueba clara» de que actuara “como filtrador de nada”, en referencia a que el instructor le acuse de difundir un correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Además, la portavoz negó “rotunda y categóricamente” que se dieran desde Presidencia instrucciones al fiscal general para dar a conocer el correo de la defensa de la pareja de Ayuso. Afirmó que lamenta “mucho” que el juez haga esta afirmación «sin pruebas». Cuando, cabe recordar, que para dictar un auto de transformación, como es el caso de García Ortiz, no hacen falta pruebas sino indicios. El juez señala en el auto que, a su juicio, cabe presumir como hechos que «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» y aprovechando la información publicada en el diario ‘El Mundo’, el fiscal general del Estado, «con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía» sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo».
Sin embargo, desde el Gobierno expresan su malestar en privado respecto a este asunto y niegan en público «categóricamente» que se le haya dado «cualquier orden al fiscal general». «Esto no sucedió nunca y lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haya hecho este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba», señaló Alegría. Además, insisten en que el magistrado tiró «a la basura» las pruebas que aportaron algunos periodistas durante el juicio asegurando que tenían el mensaje filtrado tiempo antes pero que el filtrador no fue García Ortiz. «Estos testimonios no se han tenido en cuenta», reprochó la portavoz del Ejecutivo. Así, Alegría insistió en que el Gobierno tiene «total confianza» hacia el fiscal general y su institución “en su conjunto”, al tiempo que expresó el “respeto” del Gabinete de Pedro Sánchez a la Justicia y al Estado de derecho.
Y en un alarde de “interpretatio” al mejor estilo golferas, la portavoz, sostiene que la Comisión valida la ampliación de la amnistía en los casos de delito de «malversación», que son los que afectan a los líderes independentistas del procés como el expresidente Puigdemont y Junqueras. Alegría ha hecho esa afirmaciones después de que la Comisión Europea trasladase al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sus dudas de que la norma responda al interés general y señalase que «parece constituir una autoamnistía» porque fue acordada con sus beneficiarios para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Así consta en las observaciones que el Ejecutivo comunitario ha enviado al Alto Tribunal europeo, en el caso de las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas para aclarar si el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la acción exterior del ‘procés’, por el que se encuentran encausados Puigdemont y otras 34 personas, afecta a intereses financieros de la Unión Europea. En este sentido la Comisión advierte de que no ve afectación directa de intereses económicos de la Unión Europea.
Además ha subrayado que este dictamen de la Comisión no es vinculante aunque para el Ejecutivo resulta «positivo» porque «se acerca a esa aplicación total de la amnistía, que es el objetivo que buscó el legislador desde el principio», ha manifestado. Ahora, añade, el Gobierno espera que se produzca la resolución definitiva sobre este asunto del TJUE.
