De esta forma, el Gobierno busca agilizar la creación de este ente, después de que decayese su aprobación final por las Cortes el pasado mes de julio con la convocatoria anticipada de elecciones generales. El anteproyecto, que ha estado en audiencia pública en la segunda quincena de diciembre, ya incluye las modificaciones que se aprobaron por la mayoría de diputados en el Congreso el pasado mes de mayo, durante el primer intento de aprobar la creación de este organismo, y que versan sobre su financiación y sobre la recurribilidad de las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil.
Se trata de un proyecto que ha recibido el espaldarazo definitivo en la pasada legislativa y tiene el objetivo de incrementar la protección de los ciudadanos en cuanto clientes financieros. En concreto, el fin de la autoridad es que los clientes puedan presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, lo que «redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio».
Además, se centralizarán los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El texto incluye los objetivos y ámbito de actuación de la nueva autoridad, así como el conjunto de entidades que podrán ser objeto de reclamación, incluyéndose las entidades supervisadas, los servicios fintech y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados.
