El Gobierno toma nota del tirón de orejas de la Comisión Europea y ha pisado el acelerador para llevar cuanto antes al Congreso de los Diputados la norma que permitirá transponer a la legislación española la Directiva Europea sobre préstamos dudosos. Bruselas decidió ayer llevar a España y a otros seis países (Bulgaria, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber aprobado esos cambios a tiempo.
Desde el Ministerio se señala que han pedido al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, que tramite de urgencia el informe preceptivo y poder llevar cuanto antes el texto a la Cámara Baja. Recuerdan, además, que la tramitación de las directivas europeas obliga al Ejecutivo a recabar esos informes previos, lo que alarga todo el procedimiento.
Esta norma europea pretende que se desarrolle un mercado secundario de créditos dudosos que funcione correctamente. En este tipo de préstamos existe el riesgo de que las empresas o los particulares que los solicitan no puedan devolver el dinero en el plazo convenido con la entidad con la que lo firmaron.
Bruselas ha establecido un conjunto de normas que regulan cómo debe llevarse a cabo la autorización y supervisión tanto de los compradores, como de las entidades que los otorgan. Además, la Directiva fija un conjunto de pautas comunes a todos los socios comunitarios que permiten a las entidades comercializar este tipo de préstamos en otros estados de la Unión Europea. España llega con retraso a la transposición de esta Directiva, puesto que la Comisión Europea había dado a los estados miembros hasta el 29 de diciembre de 2023 para que aplicasen los cambios legales necesarios en su legislación nacional con los que asumirla. Sin embargo, Bulgaria, España, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia todavía no han notificado a las autoridades europeas los cambios necesarios en su ordenamiento jurídico nacional para poder hacerlo.
El paso que ha dado Bruselas va más allá del mero toque de atención, puesto que ya envió cartas de emplazamiento a estos socios el 24 de enero del año pasado y, posteriormente, remitió también dictámenes motivados el 25 de julio de 2024. El organismo que capitanea Von der Leyen considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades nacionales de esos Estados miembros han sido insuficientes y, en consecuencia, los lleva ante la Justicia de la Unión Europea.
En el caso concreto de España, la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de julio de 2023 y las dificultades para conformar el nuevo Gobierno han impedido que el proceso se llevase a cabo en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos fijados por Bruselas.
