Gómez ha vuelto a pedir al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que su declaración el próximo viernes sólo se grabe en audio y que, además, se aperciba a las acusaciones populares para que si hay filtraciones se les expulse del procedimiento.
El letrado Antonio Camacho pide al juez, como ya hizo el pasado 2 de julio, que se «replantee su posición inicial» y atienda a la petición de que sólo se grabe el sonido de la declaración de la investigada. Peinado contestó en aquella ocasión que ella no tiene ningún cargo en el Gobierno y que no puede ser distinta al resto de los españoles. Procedió a grabar el encuentro como se suele hacer para garantizar la defensa y la contradicción de las declaraciones entre la fase de investigación y la de juicio.
No sólo se ha difundido la grabación de la declaración de nuestra representada ante el juzgado, sino que también se difundieron imágenes de esta accediendo a los juzgados por los pasillos de las dependencias judiciales», se queja el abogado refiriéndose a imágenes como la difundida por Vito Quiles. El letrado recuerda que la Ley prevé que las actuaciones se documenten con medios técnicos de grabación o reproducción pero que no es obligatorio hacerlo mediante imagen y sonido.
Gómez señala que se están vulnerando sus derechos. «Las actuaciones reservadas –la grabación de la declaración– han sido difundidas de manera pública a través de los medios de comunicación, vulnerándose el derecho a la intimidad y a la protección de datos de mi representada», esgrime. Agrega argumentos de ponderación y proporcionalidad y dice que «si está prohibido grabar imágenes en los pasillos de los juzgados, ante el carácter público de estos espacios, más aún, cabe limitar la grabación de las actuaciones en fase de instrucción, no públicas, donde está en juego el derecho de información».
Pero el letrado da un paso más y añade que, además, «se adopten medidas que impidan la filtración de las actuaciones reservadas del procedimiento» y se recuerde a las partes que «en caso de incumplimiento de las obligaciones» pueden ser expulsadas.
Más allá de Camacho, la investigación cuenta con cinco acusaciones populares: Vox, Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España, Hazte Oír y Iustitia Europa. Además de la Fiscalía que también tiene acceso al procedimiento. El juez Peinado ha pedido a cada una de las asociaciones 10.000 euros para poder integrarse en la causa y, aunque les prometió recientemente que les devolvería 7.000, fuentes jurídicas señalan que esto no se ha consumado porque no está tan claro la viabilidad de poder devolver solo una parte en mitad de las pesquisas.
