Sin embargo, el borrador remitido a las comunidades rebaja algunas de las concesiones pactadas inicialmente, al omitir referencias a la cesión del IRPF y a la creación de una Agencia Tributaria catalana con competencias plenas.
El documento, debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, permite que cada comunidad decida adherirse al nuevo sistema o mantener el modelo vigente desde 2009. Esta fórmula abre la puerta a que Cataluña sea la única autonomía que adopte el nuevo esquema.
La propuesta se centra en calcular las necesidades de financiación según factores como población, sanidad, educación, servicios sociales, superficie, insularidad o dispersión territorial. También contempla compensaciones para las comunidades con menor población. No incorpora, sin embargo, el principio de ordinalidad reclamado por el independentismo catalán.
Ante la falta de consenso, Hacienda plantea que algunas novedades sean voluntarias. Entre ellas destaca un sistema de financiación con una “caja común” de ingresos tributarios, al que las comunidades podrían adherirse inicialmente durante cinco años.
Asimismo, se crea un fondo ligado al IVA de las pymes, mediante el que las autonomías recibirían una transferencia equivalente al 56% del IVA generado por las empresas domiciliadas en su territorio.
El Gobierno prevé incrementar en casi 21.000 millones de euros los recursos del sistema y elevar la participación autonómica en la recaudación del IRPF y el IVA hasta el 55% y el 56,5%, respectivamente, ampliando así su capacidad de gestión fiscal.
