En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 17 del denominado caso tándem, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis propone juzgar también al socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo.
El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil.
En su auto, el juez señala al Grupo Iberdrola y a la Administración General del Estado como responsables civiles y da traslado a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación. La resolución explica que, de acuerdo con la investigación, entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo Pérez se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, encargó a este diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola.
Según el juez, la finalidad de las investigaciones encargadas por Asenjo, en nombre, y por cuenta del Grupo Iberdrola, a Villarejo, quien se encontraba en servicio activo como comisario de Policía, fue obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses.
Por estos encargos, expone el auto, la empresa de Villarejo y Redondo obtuvo 1,45 millones de euros del Grupo Iberdrola.
A lo largo de su resolución, el magistrado detalla la decena de proyectos encargados a la empresa de Villarejo, entre ellos la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de sus principales competidoras en el mercado. En la ejecución de este proyecto Black board los investigados llegaron a hacerse con el tráfico de llamadas de Pizarro y recabaron información sobre personas con las que contactó en el marco de la OPA que Gas natural realizó en 2005 sobre Endesa.
El juez explica que, para justificar los pagos realizados y recibidos por cuenta del Grupo Iberdrola, los investigados acordaron emitir una serie de facturas manipulando los conceptos para reflejar servicios diferentes a los que realmente se prestaron y enmascarar así “que habían sido prestados por un comisario activo del Cuerpo Nacional de Policía”.
