Dos de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, el PNV y Junts per Catalunya, han hecho público su malestar con el llamado impuestazo por el riesgo de que la permanencia del mismo ponga en tela de juicio las inversiones industriales previstas. Muchas de ellas derivadas directamente de la posición contra el gravamen de Repsol, que tiene más de 1.500 millones de euros en stand-by en sus refinerías de Cartagena, Vizcaya, Tarragona, Puertollano y A Coruña.
El apoyo parlamentario se plantea fundamental para los planes del Ejecutivo de hacer permanentes los gravámenes, que de no legislarse se extinguirán el próximo 31 de diciembre. En este sentido, Hacienda baraja dos alternativas para su implementación: legislar a través de un Real Decreto Ley que integre el impuesto o bien incluir el gravamen como enmienda a otra ley.
Esta última opción era la que en estos momentos se encontraba en tramitación parlamentaria a través de las enmiendas al Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud —el gravamen que fija la tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades—. El plazo de enmiendas acababa este miércoles, pero el Congreso ha ampliado hasta el próximo 30 de octubre el mismo, con lo que el Gobierno gana tiempo para hilar los apoyos suficientes. Estos apoyos son vitales para sacar adelante el tributo. Tanto por la vía de la enmienda como por la del Real Decreto Ley se debe contar con apoyo parlamentario a través de mayoría simple —más votos a favor que en contra— para la convalidación. Esto se traduce en que una eventual pérdida del sostén de Junts y PNV complicaría sacar adelante el proyecto, ya que el Gobierno debería contar con el voto positivo de otros grupos, como el PP o Vox, para sacar adelante el impuesto.
En este sentido, la mecha que ha alertado a las formaciones políticas ha sido la decisión de Repsol de anteponer sus esfuerzos inversores en Portugal. La compañía cuenta con un plan de inversión de entre 2.000 y 3.000 millones de euros en España, según su Plan Estratégico 2024-2027. La compañía estima que aproximadamente 1.500 millones del plan de negocio están en tela de juicio, la mayoría de los fondos son los destinados a los 350 megavatios (MW) en electrolizadores de hidrógeno en sus refinerías de Cartagena, Muskiz o Tarragona.
En esta última provincia se encuentra, además, uno de los proyectos más ambiciosos de la petrolera, que prevé la puesta a punto de una Ecoplanta de producción de metanol y biometanol en la que se invertirá la mayor parte de esos recursos, con un total de 1.100 millones previstos. El presidente del PNV, Ortuzar, ha expresado su negativa a la ampliación del impuesto por el miedo a la pérdida de inversiones industriales. «Ojo con matar a la gallina de los huevos de oro», indicó Ortuzar. «Nosotros tenemos una realidad muy industrial y sabemos que si se quita dinero de un sitio, se resienten otras partidas», concluyó. Así, ha asegurado que en caso de que el tributo se haga indefinido «se tiene que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarse y para articular ese impuesto de acuerdo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial», ha indicado. Para minimizar el efecto de este impuesto, los nacionalistas barajan aplicar bonificaciones de hasta el 100% vinculadas a las inversiones y al fomento del empleo en Euskadi. El dirigente nacionalista mantiene una relación directa con el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, y también con el consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV, Imaz.
También Junts teme la congelación de desembolsos. Según ha adelantado On Economia el partido «no acompañará» al Ejecutivo en la implementación del gravamen por el miedo a perder las inversiones en Tarragona. La formación de Carles Puigdemont y Jordi Turull recogen también las reclamaciones de la patronal catalana, Foment del Treball, quien alertó este lunes sobre los efectos perjudiciales de consolidar de forma permanente el impuesto extraordinario a las energéticas haciendo mención en específico a la posible pérdida de los 1.100 millones en Tarragona.
En este sentido, el nuevo Govern liderado por Illa ha cerrado filas este martes y ha mostrado su apoyo en la consolidación del impuesto.
