Resulta inaceptable que, una vez más, se intente instrumentalizar el dolor de las víctimas y sus familias para obtener rédito electoral, cuando el verdadero compromiso debería ser con la transparencia, la verdad y la mejora de las infraestructuras.
La reacción inicial de las administraciones ha sido, en líneas generales, ejemplar, mostrando una cooperación que lamentablemente no siempre se mantiene en el tiempo. Sin embargo, la proximidad de las citas electorales amenaza con romper esa unidad necesaria, dando paso a la polarización y el enfrentamiento político. Es fundamental que los responsables públicos actúen con la máxima lealtad institucional y eviten caer en la tentación de utilizar la tragedia como arma arrojadiza.
Por otro lado, la cobertura mediática y la proliferación de tertulianos y supuestos expertos que lanzan teorías sin fundamento contribuyen a la confusión y a la propagación de bulos. En momentos como este, la sociedad necesita información veraz y prudente, no opiniones interesadas ni relatos construidos al servicio de intereses particulares.
La actitud de algunos representantes políticos, particularmente del ministro de Transportes, deja mucho que desear. Declaraciones poco afortunadas y una tendencia a la confrontación no hacen sino agravar la desconfianza ciudadana. La transparencia y la autocrítica deberían ser la norma, no la excepción, especialmente cuando la seguridad de miles de personas está en juego.
Es imprescindible una investigación independiente y rigurosa que esclarezca las causas del accidente y determine si la falta de inversión y el deterioro de las infraestructuras han sido factores determinantes. No podemos obviar que la red de alta velocidad, paradigma de modernidad en su día, ha sufrido un preocupante abandono en los últimos años, agravado por la falta de presupuestos y la escasa voluntad política de abordar el problema de fondo.
Asimismo, no se puede pasar por alto la sombra de la corrupción y la opacidad en la adjudicación de contratos de mantenimiento. Si se demuestra que ha habido irregularidades, las consecuencias deben ser ejemplares y los responsables, apartados de inmediato.
Solo recuperaremos la confianza en el sistema ferroviario y en las instituciones si se actúa con firmeza, honestidad y sentido de Estado, priorizando la seguridad y el bienestar colectivo por encima de cualquier cálculo electoral. Las víctimas y la sociedad española merecen respuestas, justicia y, sobre todo, un compromiso real para que tragedias como la de Adamuz no vuelvan a repetirse.
