Según un estudio del Observatori de la Pime de Pimec, la llamada «progresividad en frío» puede suponer una pérdida de hasta 647 euros anuales para los salarios más bajos. Tomando como referencia una renta de 18.000 euros anuales, el informe calcula una merma del poder adquisitivo equivalente al 4% del salario neto real. El fenómeno también afecta a las empresas: de cada 100 euros adicionales de coste laboral, solo entre 48 y 56 euros llegan al trabajador, mientras que el resto se destina a impuestos y cotizaciones sociales.
Pimec estima que, pese al aumento de los salarios brutos entre 2020 y 2025, los trabajadores han perdido entre un 2,8% y un 4% de capacidad adquisitiva neta. La patronal atribuye esta situación a que los salarios se ajustan a la inflación, pero los tramos del IRPF permanecen sin cambios, elevando automáticamente la tributación.
Mientras países como Alemania, Francia o Bélgica actualizan regularmente sus tarifas, España figura entre los estados europeos donde el impacto de esta práctica es más elevado. Según Pimec, el efecto del denominado fiscal drag equivale al 0,7% del PIB.
Para corregirlo, la organización propone una revisión automática de los tramos, mínimos exentos, reducciones y deducciones del impuesto, con el objetivo de proteger especialmente a las rentas bajas y medias.
En Cataluña, PSC, ERC y Comuns han rechazado en dos ocasiones propuestas para deflactar el tramo autonómico del IRPF. Aunque el Gobierno catalán rebajó en 2025 un punto el tipo aplicable a las rentas de hasta 33.000 euros y elevó el mínimo exento, Pimec considera que estas medidas no sustituyen una actualización periódica y sistemática del impuesto.
