Su defensa sostiene que Álvarez actuó siempre dentro de sus funciones como personal eventual de Presidencia y que nunca mantuvo relación laboral con la Universidad Complutense. Según el escrito, su colaboración en algunas tareas administrativas de la cátedra fue voluntaria y motivada por su amistad con Gómez.
Asimismo, niega haber participado en la contratación del dominio web o haber sido propietaria del software para pymes investigado. La defensa asegura que siempre siguió las indicaciones de Begoña Gómez convencida de que no realizaba ninguna actividad ilegal y critica la actuación de la acusación popular por su supuesta falta de objetividad.
La Audiencia de Madrid ha mantenido la acusación por malversación tras descartar otros delitos inicialmente investigados.
