Así, el auto redactado por su presidente, Rodríguez, está listo para ser notificado, en próximas horas, a las partes. Una resolución en la que, según ha podido saber este diario, se justifica de manera muy «contundente» la necesidad de profundizar en los «indicios de delito» planteados por el querellante, «un particular» supuestamente perjudicado en su derecho de defensa, contra el fiscal encargado de su caso, Salto y la fiscal jefe de la provincial de Madrid, Rodríguez. Esta última selló el polémico comunicado institucional y lo distribuyó entre la prensa pero lo hizo «cumpliendo órdenes», según las fuentes consultadas por El Debate. Unas órdenes que, previamente, ya se había negado a atender su homóloga regional, la fiscal jefe de la Comunidad Autónoma de Madrid, Almudena Lastra y que habrían partido, directamente, del fiscal general del Estado, García Ortiz, quien ya reconoció su «responsabilidad» institucional «última».
