Los magistrados Campo, ex ministro de Justicia con Sánchez, y Sáez, uno de los miembros más duros del ala izquierdista, han afeado la decisión de la mayoría de los otros diez miembros del Pleno de rechazar, por prematura, la impugnación del Defensor del Pueblo contra las cautelarísimas del Supremo
«Se trata de un caso de los que marcan la historia de un tribunal constitucional: la suspensión masiva del derecho fundamental al sufragio del que son titulares miles de ciudadanos en unas elecciones generales ya convocadas.»
La medida del Supremo puede dejar sin voto a más de 160.000 españoles el 29-N «tiene como efecto potencial la privación del ejercicio del derecho de sufragio a más de 160 000 ciudadanos españoles» con lo que, por primera vez, se fija el alcance máximo de la sus0pensión dictada por el Supremo. Según los magistrados, «el carácter inédito de la suspensión judicial como medida cautelar del derecho de sufragio de docenas de miles de ciudadanos». De hecho, ambos sostienen que al no existir una doctrina previa del TC para este tipo de casos, debería haberse admitido la petición del Defensor del Pueblo, y resolver para sentar un precedente que, en definitiva, blanquea la resistencia del Gobierno a cumplir las medidas cautelarísimas impuestas por el Alto Tribunal.
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