La AN ha requerido a la CNMC que remita los expedientes administrativos de su negativa a que Foment del Treball participe en el proceso.
En su recurso, Foment del Treball ha reclamado poder participar en este proceso y que se escuchen sus alegaciones. En noviembre de 2024, la CNMC anunció que su análisis sobre la posible fusión BBVA entraba en fase II, lo que supone estudiar con más detalle la operación planteada. En aquel momento, Competencia advirtió de tres posibles riesgos y que necesitaba de más información para poderlos descartar: un posible empeoramiento de las condiciones comerciales a pymes, un posible riesgo de reducción de crédito a pymes y posible empeoramiento de condiciones en el mercado de adquirencia (TPVs o datáfonos).
Esto abría la posibilidad de que partes interesadas en la operación presentaran alegaciones, lo que dio lugar a un aluvión de intentos de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio, hasta un total de 79. Finalmente, la CNMC descartó todas estas personaciones, salvo la de Sabadell, así como los dos informes de las autoridades de competencia de las comunidades autónomas más afectadas: Cataluña y Comunidad Valenciana, cuyo carácter no es vinculante.
El siguiente paso fue el envío, por parte de la dirección de Competencia de la CNMC, del pliego de concreción de hechos (PCH) donde se recogen los principales problemas de competencia que plantea la operación, es decir, no se trata ni de una propuesta de actuación por parte de la CNMC ni de una decisión de la dirección.
Este documento se remitió a los interesados (BBVA y Sabadell) el pasado 31 de enero, lo que abría un plazo de 10 días como mínimo y 15 como máximo para que Sabadell pudiese presentar alegaciones, hecho que realizó dentro del plazo. En esta segunda fase la CNMC realiza un nuevo testeo de mercado de los compromisos que BBVA ha propuesto para reducir o anular los riesgos identificados, teniendo en cuenta la opinión de organizaciones afectadas por la operación, como otros bancos u organizaciones empresariales.
Elevar a fase II la operación ha supuesto, en la práctica, ampliar el calendario de la opa que manejaba BBVA en un primer momento. Esta fase puede durar hasta tres meses, si bien no se cuentan en este plazo las posibles suspensiones que Competencia pueda aplicar para solicitar más información.
Una vez concluido este análisis en profundidad, Competencia podrá aprobar la operación sin condiciones, con ellas o prohibirlas. En el caso de los dos últimos supuestos, la operación sería elevada al Ministerio de Economía que podría llevarla, a su vez, al Consejo de Ministros y que se pronunciaría sobre criterios distintos a la competencia, como la defensa y seguridad nacional o la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial.
