Según explican, existieron contactos telefónicos, pero nunca recibieron una propuesta por escrito. La compañía sostiene que, de haberse presentado una oferta formal, habría sido analizada por la propiedad.
La empresa afirma que la única propuesta de compra recibida procedió de una representante vinculada al Sindicato de Inquilinas, que planteó la adquisición de la vivienda por parte de una cooperativa relacionada con dicha organización.
Urbagestión también rechaza algunas de las afirmaciones difundidas sobre el caso. Subraya que no es un fondo de inversión, sino una pequeña sociedad madrileña cuya única propiedad es esta vivienda, y niega haber exigido a Maricarmen una renta superior a la que abonaba.
Respecto a las informaciones sobre una posible compra de la vivienda o un nuevo contrato de alquiler en el pasado, la compañía señala que dichas condiciones fueron comunicadas por un propietario anterior en el marco del derecho de tanteo reconocido al arrendatario y no por la actual propiedad.
Asimismo, explica que la única referencia a una renta futura surgió hace tres años, en respuesta a una consulta de la defensa de la inquilina sobre un eventual nuevo contrato. En ese contexto, asegura haber planteado una renta bonificada entre el 40% y el 50% por debajo del precio de mercado, negando que pretendiera aplicar un incremento desproporcionado del alquiler.
La empresa sostiene que varias de las acusaciones difundidas en torno al caso no reflejan con exactitud los términos de las conversaciones y actuaciones mantenidas durante el proceso.
