La modificación, que supone un incremento de 2,38 euros por cada MWh producido respecto a la tarifa actualmente vigente, es absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares, debiéndose exclusivamente a los cambios adoptados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2023) por falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, no imputable en ningún caso a la gestión de las centrales nucleares.
Para la aprobación de este Real Decreto, el Gobierno de España no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas en tiempo y forma por la industria nuclear española en el pasado mes de abril.
El acuerdo de marzo de 2019, entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas -auspiciado por el Ministerio para la Transición Ecológica- mediante el que se fijaba el cese de actividad ordenado y escalonado de las unidades nucleares entre noviembre del año 2027 y mayo del año 2035 – contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tarifa respecto al que en ese momento tenía y hasta el límite de los 7,98 €/MWh vigente actualmente.
Este nuevo incremento aprobado de la tasa Enresa supone tener que ingresar, a partir del próximo 1 de julio, 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya aporta cada año al fondo de Enresa desde marzo de 2019.
Este hecho, junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal que soporta, amenaza seriamente la continuidad de la operación del parque nuclear español.
En un momento en el que numerosas y prestigiosas instituciones nacionales e internacionales y los países con programas nucleares en marcha, especialmente en la Unión Europea, están poniendo en valor la contribución de la energía nuclear a la transición energética hacia un mundo (economía) descarbonizado y sostenible, nos encontramos aquí que el rumbo es el contrario.
Para garantizar la seguridad del suministro, la mayor independencia energética y autonomía estratégica, la competitividad económica para las empresas y las familias y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -tal como se establece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)- es fundamental disponer en nuestro sistema eléctrico de una potencia base/firme no emisora de CO2 como la proporcionada por las centrales nucleares españolas, sin la rémora de la presión fiscal que sufren a la cual se suma este incremento en la tasa Enresa.
Asimismo queremos volver a subrayar, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que una operación a más largo plazo del parque nuclear conduciría a disponer de mayores recursos económicos en el Fondo Enresa, lo que ayudaría considerablemente a la financiación del propio Plan General de Residuos Radiactivos sin tener que incrementar la Tasa Enresa.
