Así lo refleja el último Informe sobre la propiedad de las acciones que elabora anualmente el Servicio de Estudios de BME. El peso de los inversores internacionales en la Bolsa española ha crecido más de diez puntos porcentuales en la última década y 16 en lo que va de siglo.
El informe destaca también que cotizar en bolsa es un factor decisivo para el acceso al capital internacional por parte de las compañías y conseguir la escala de tamaño necesaria para ser más competitivas. Según las Cuentas Financieras del Banco de España, el peso de los inversores internacionales en las empresas no cotizadas no llegó al 25%, es decir, menos de la mitad que en las compañías que sí cotizan en la Bolsa española. Entre los grupos internacionales presentes en la Bolsa española están las grandes gestoras internacionales de fondos de inversión, planes de pensiones y ETF, así como fondos de capital riesgo, private equity y fondos soberanos.
El segundo grupo con más presencia en la propiedad de las acciones españolas es el de las empresas no financieras, que elevaron en cuatro décimas su participación hasta el 21,3%. Es un máximo desde 2012. La participación de las familias en la Bolsa española continuó a la baja, en una progresiva convergencia con los datos de participación directa de inversores minoristas en Renta Variable en los principales países europeos. A cierre del año pasado, los inversores minoristas controlaban el 16,2% de las acciones españolas, casi un punto porcentual menos que el año pasado y el segundo dato más bajo de la serie histórica. El creciente peso de los fondos de inversión, la ausencia de tramo minorista en las últimas OPV o el auge entre los jóvenes de activos no convencionales son algunas de las razones que explican este descenso. Con todo, según la última encuesta financiera de las familias del Banco de España (2020), un 12,3% de los hogares españoles invertía en bolsa. Es decir, 2,3 millones de hogares y en torno a 5,8 millones de personas con exposición a acciones.
También descendió la participación en la propiedad de las cotizadas en la Bolsa española de las instituciones de inversión colectiva y seguros (bajó en un año del 7% al 5,9%) y de los bancos y cajas de ahorro (del 3,5% al 3,1%). Por el contrario, las Administraciones Públicas elevaron del 2,7% al 3,2% su peso. Esto provocó que dejen de ser el grupo de inversores con menos presencia por primera vez desde 2006. Además, marcaron máximo en 25 años. Eso sí, su participación siguió lejos de los niveles superiores al 16% alcanzados en 1992 y 1993, antes de las sucesivas privatizaciones de empresas públicas.
De la baja participación de la inversión colectiva en el capital de las cotizadas españolas, los autores del Informe concluyen que la falta de incentivos, especialmente fiscales, para que la inversión institucional nacional apoye el tejido empresarial español cotizado supone un hándicap competitivo para las empresas de menor tamaño, precisamente aquellas que encuentran más dificultades para atraer la atención del inversor extranjero.
