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  Politica y partidos  Los presupuestos siguen en el aire
Politica y partidos

Los presupuestos siguen en el aire

Según lo acordado por Sánchez y Carles Puigdemont, el pasado 31 de diciembre venció el plazo para que se transfiriera a Cataluña la totalidad de las competencias en materia de inmigración.

RedaccionRedaccion—12 de enero de 20250
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Este traspaso, legalmente inviable al invadir competencias exclusivas del Estado como la expedición del NIE o los expedientes de expulsión, no se concretó en la fecha prevista por Junts.
Ahora, para incrementar la presión sobre Sánchez, el grupo de Puigdemont en el Parlamento catalán ha presentado un proyecto de ley para que Cataluña exija a Madrid la transferencia de esta competencia. La idea de Junts es forzar al PSC, ERC y Comunes a apoyar su propuesta y así dejar claro que es Junts quien lidera las reivindicaciones frente a Sánchez.

Quieren así marcar distancias con una ERC sumisa y un PSC que, según el relato independentista, es españolista y sólo cede cuando no tiene más remedio. En Junts prevén que para evitar un choque en el Parlament, el ministerio de Grande Marlaska acelererá la tramitación y evitará así dejar a Illa en mala posición.

Junts, desde la entrevista televisiva de Puigdemont de finales de diciembre, está siguiendo la estrategia de alejarse de los socialistas buscando dar la imagen de que no forman parte de la mayoría de la investidura que sostiene al gobierno. Además de exigir una reunión al más alto nivel entre Puigdemont y Sánchez, Junts está marcando una agenda con temas que buscan repercusión en Cataluña y, en especial entre su electorado. Así, además del tema de la inmigración, con el que buscan frenar el ascenso que todas las encuestas otorgan a Aliança Catalana a su costa, ahora han presentado en el congreso una propuesta de ley para que los okupas sean desalojados en 48 horas.

La iniciativa parlamentaria de Junts llega coincidiendo con un fórum sobre ocupación que el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebrará a finales de este mes de enero. Los datos señalan que el 40% de las okupaciones en España, más de 16.000 en 2023, se perpetran en Cataluña frente a solo el 10% en la Comunidad de Madrid y que el plazo medio de desalojo en España es de 18 meses frente a las 24 horas en Países Bajos o Reino Unido o las 48 en Francia e Italia.

Con Sumar apretando en materia laboral para evitar su desaparición del arco parlamentario y con Junts incrementado el tono, la cuerda del sanchismo se tensa cada vez más por los extremos. La aprobación de los presupuestos, que ahora el gobierno ya considera que no sería dramático que se aprobaran con retraso, se aleja cada vez más de ver la luz.

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