Esta sería la primera vez que los trabajadores situados en el mínimo salarial pagarían este impuesto, dado que el Ministerio de Trabajo lo ha evitado a través de diferentes negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
Este incremento duplicaría la subida media de los precios y las alzas salariales pactados en convenio, con el fin de igualar la referencia al 60% del salario medio en términos netos al tiempo que se abona este tributo. El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Pacheco, ha explicado que su propuesta inicial sería llevar este salario a 1.216 euros brutos -un incremento del 2,7%- pero que su voluntad de llegar a una solución definitiva sobre su tributación exige llevar esta cifra al 7,5%.
El Ministerio de Trabajo está a la espera de conocer la propuesta del grupo de expertos que agrupa a representantes de los ministerios de Economía y Hacienda, de CCOO y UGT y del ámbito académico. Las dos principales centrales sindicales han usado la misma fórmula de cálculo que empleó este comité el año pasado, por lo que la recomendación de este grupo podría acercarse a la propuesta de los sindicatos. Si se materializara esta subida, supondría subir el SMI en 89 euros al mes respecto al de 2025.
El secretario de Política Sindical de UGT, Luján, ha insistido en que la propuesta planteada por las dos organizaciones es moderada, según algunas estadísticas salariales. «Según Eurostat, el salario medio es de 32.500 euros brutos con datos de 2024, si hablamos de magnitudes brutas, el SMI tendría que ser de 19.500 euros y pedimos que sea de 17.822 euros brutos. No nos parece que seamos nada ambiciosos si nos comparamos con Europa, Luxemburgo, Países Bajos o Francia».
Los representantes sindicales han detallado que han estimado el pago de IRPF que tendrían que hacer los trabajadores que cobran el SMI a partir del supuesto de una unidad familiar compuesta por un solo trabajador sin hijos ni cargas familiares, puesto que es al modelo que se le aplica una mayor tributación. «Queremos garantizar que todos los trabajadores tengan acceso al 60% del salario medio neto» ha contextualizado Pacheco, por lo que la subida en términos netos sería mayor o menor en función del número de integrantes y su situación personal.
Los sindicatos consideran que están legitimados para poner sobre la mesa esta propuesta antes de que se pronuncie el grupo elegido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en tanto que este órgano consultivo no cuenta con la protección que tienen los agentes sociales tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Constitución. Es por ello, que para los sindicatos esta cifra ocupa un lugar secundario entre sus demandas frente a lo que han señalado como la condición sine qua non para firmar un acuerdo con el Gobierno: limitar la compensación y absorción de pluses salariales.
Los portavoces de CCOO y UGT han admitido que en esta materia no podrán ir tan lejos como les gustaría, en tanto que Trabajo ha planteado canalizar este cambio a través de un Real Decreto que no puede cambiar lo recogido por el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ello, plantean que las empresas solo puedan compensar la subida del SMI ajustando pluses homologables y que respondan al mero desarrollo del trabajo, pero que en ningún caso puedan modificarse los que compensan la toxicidad o peligrosidad, como se hace ahora.
