En su intervención inicial en la tribuna para defender esta senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero, ha acusado al PP de «actuar en contra de los propios intereses de las comunidades autónomas» donde gobierna al vetarla. Estos topes son esenciales porque sirven de referencia para los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que están actualmente en elaboración.
El Consejo de Ministros tuvo que aprobar una nueva senda, en la que mantuvo todas las cifras anterior y todo apunta a que ésta será aprobada en el Congreso (pese al rechazo de los populares), pero volverá a decaer en el Senado. Esto es algo «incomprensible» para la ministra, puesto que las cifras actuales dan mayor flexibilidad presupuestaria a comunidades autónomas y ayuntamientos en relación a los objetivos que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea en su Programa de Estabilidad de abril. «Lo que están haciendo es perjudicar a los ciudadanos, que son los destinatarios de los servicios públicos que se gestionan en las administraciones territoriales», ha afeado al partido popular, «no tiene ni pies ni cabeza». Montero ha cargado también contra la propuesta del PP de no obstaculizar la aprobación de la senda si se adoptaban bajadas tributarias porque «lo que pretende es lo de siempre, una rebaja indiscriminada de impuestos que beneficia a rentas altas y patrimonios» como ha hecho en las regiones donde gobierna.
Así, la ‘número dos’ del Gobierno ha enmarcado esta senda en un contexto de vuelta de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde la pandemia de coronavirus, y ha recordado que el Gobierno «siempre» ha cumplido con el objetivo de reducción del déficit, «que es la mejor manera de preservar un estado del bienestar fuerte» y la sostenibilidad de los servicios públicos. Asimismo, ha defendido que aunque el PP vete la senda se presentarán los presupuestos, basados en los objetivos remitidos a Bruselas en abril, y se ha preguntado qué ocurrirá con las cuentas que han presentado las regiones en base al objetivo de déficit que este jueves se somete a votación (que permite una décima de déficit frente al equilibrio del documento de abril). En concreto, las autonomías podrían cerrar con un agujero del 0,1% y no con el equilibrio (déficit cero) que se les exigía hace unos meses. Mientras, los ayuntamientos podrían despedir el año en equilibrio y no tendrían que alcanzar un superávit de dos décimas, como se estableció inicialmente.
Los populares condicionaron su voto favorable a los objetivos de estabilidad a tres exigencias, que pasaban por una rebaja de impuestos (deflactación de la tarifa de IRPF y reducción del IVA a carne, pescado y conservas, así como a la luz y el gas), a un reparto más equilibrado de esos topes de déficit entre el Estado y las comunidades, y a la creación de un fondo destinado a políticas sociales, que no han llegado a cuantificar. La senda que se debate es idéntica a la tumbada por el Senado: el déficit público del conjunto de las administraciones bajará este año al 3% del PIB, cumpliendo las reglas fiscales europeas, al 2,7% del PIB en 2025 y al 2,5% en 2026. La deuda bajará al 106,3% del PIB en 2024, al 105,4% del PIB en 2025 y al 104,4% del PIB en 2026. La senda va acompañada por el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación, y que asciende a 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, lo que supone un 0,5% más que en 2023.
