Se abre así, un plazo de 10 días para que las interesadas detallen y argumenten el coste de estos servicios que amparan a 1,5 millones de mutualistas entre titulares (1,1 millones) y beneficiarios (400.000). Según han explicado fuentes del Ministerio de Función Pública y recoge Efe, las empresas pueden indicar, por ejemplo, primas por tramos de edad y deben justificar por qué esos precios.
El Gobierno busca volver a licitar el concierto y mantener Muface con un proceso regido por los principios de «transparencia, eficiencia y equidad». Así, con la información recabada en este sondeo de mercado se hará un informe de evaluación que ayudará a elaborar las bases de nueva licitación para renovar el concierto, que vence el 31 de enero. De no cumplir con el plazo -cuestión con la que ya cuentan en el Ejecutivo- existen mecanismos en la ley de contratos del sector público para prorrogar el actual concierto de Muface nueve meses más, hasta octubre de próximo año.
Las turbulencias ante la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras con la subida de las primas ha llevado al Ejecutivo a recordad en varias ocasiones que «ningún mutualista se va a quedar sin la asistencia». El 5 de noviembre terminaba el plazo para presentar las ofertas al concierto de Muface para los años 2025 y 2026 y la licitación quedaba desierta por primera vez después de que ninguna aseguradora pujara por hacerse con el mismo.
La oferta del Gobierno conllevaba un aumento del 17,12% de la prima por asegurado en dos años, lo que situaría en 2026 la prima media anual en 1.208,81 euros, 176,69 euros más respecto a los 1.032,12 euros actuales. En total, se contemplaba una financiación de 3.521 millones, lo que supone un incremento de 300 millones. Pero las aseguradoras pidieron más: un aumento de las primas que rondase el 40%.
El Ministerio que lleva la Función Pública recalcó que la oferta del Gobierno suponía la mayor subida de la historia y contrasta con el 4,4% de incremento medio de los últimos años, pero las aseguradoras insistían en la infrafinanciación del sistema. El debate en torno al modelo Muface, que fue creado en 1975 para aglutinar una «acción mutual dispersa, fragmentada y desigual», ha llegado incluso a plantear eliminar la posibilidad de que los empleados públicos puedan elegir cada año entre acudir a la Seguridad Social o a Muface para recibir atención sanitaria sino que lo hagan «una sola vez y para siempre», haciendo irrevocable la decisión.
Los datos que maneja Función Pública apuntan a que cada vez más empleados públicos apuestan por la pública y que de los nuevos ingresos de Muface, el 70% elige asistencia pública y el 30% privada. El cambio de tendencia afecta también al modelo que recibe aportaciones cuando esos nuevos mutualistas terminan siendo atendidos por los servicios de salud de las comunidades autónomas.
