El suelo salió a subasta y, tras un concurso en el que se denunciaron irregularidades, se le adjudicó a él por un valor inferior al de mercado. Mientras ocurrieron estos hechos, Pardo de Vera ostentaba el cargo de directora de Explotación y Construcción de la empresa pública. El Debate publica en exclusiva la cantidad que él facturó gracias a esta operación. En total, 22 millones de euros. Este jueves, la Guardia Civil ha registrado sus viviendas en el marco de la trama de comisiones ilegales que salpica a varios miembros del Gobierno.
Álvarez, propietario del Grupo Arial, se hizo con dos parcelas situadas en Santiago de Compostela en el año 2016. Se trataba de un suelo de 1.697 metros cuadrados en la calle Manuel Beiras, perteneciente a la antigua estación ferroviaria de Cornes. Adif había fijado un precio de salida de 2,05 millones de euros por el terreno, en pleno nuevo ensanche de la capital gallega. Aunque varias constructoras se interesaron por los terrenos, la subasta quedó desierta de manera sorprendente. El proceso de adjudicación levantó recelos entre promotores locales y uno de ellos advirtió de que alguien le recomendó no presentarse a la subasta.
Poco después, el Grupo Arial anunció un ambicioso proyecto inmobiliario en la misma parcela, diseñado por los arquitectos Carbajo y Barrios, lo que generó sospechas sobre la limpieza del proceso. Tras hacerse con el terreno el marido de Pardo de Vera, el susodicho promovió una sociedad ad hoc para la operación: M5 Cornes Residencial SL, creada el 29 de diciembre de 2016 con un capital inicial de 100.000 euros. Desde entonces, ha sido la mercantil encargada de comercializar las viviendas. En el ejercicio 2020, ingresó 16.335.210 euros, y al año siguiente, en 2021, sumó otros 5.612.833 euros. En total, una facturación cercana a los 22 millones por la venta de los inmuebles.
Las viviendas promovidas por el marido de la expresidenta de Adif no son pisos al uso. Se trata de construcciones de alto standing, con superficies que oscilan entre los 124 y los 174 metros cuadrados incluyendo algunos dúplex. El proyecto contempla tres bloques de ocho alturas con unas 125 viviendas, plazas de garaje, trasteros y 3.000 metros cuadrados de zonas verdes. Todo ello con las máximas calidades constructivas y eficiencia energética. El precio de las viviendas ronda los 280.000 euros y la expectación generada fue tal que el Grupo Arial exigía una fianza de 1.000 euros solo para optar a la lista de espera de la primera fase, compuesta por 68 pisos.
La ubicación es otro de los grandes atractivos de la operación. A solo 500 metros de la céntrica Plaza Roja, Cornes se perfila como el nuevo ensanche urbano de Santiago de Compostela. A esta ventaja se suma una circunstancia llamativa: la construcción de una nueva estación intermodal proyectada por Adif justo al lado de la promoción. El 3 de julio de 2018, pocos días después de que Pardo de Vera fuera nombrada presidenta de Adif por el exministro José Luis Ábalos, el Grupo Arial celebraba en Twitter el inicio de las obras de la estación que beneficiaría directamente a su proyecto.
La historia del terreno está marcada por la polémica. Fue expropiado por el Estado a finales del siglo XIX para la construcción del acceso ferroviario a Santiago. En los años 90, Adif logró que se recalificara como suelo urbanizable, lo que ya supuso una primera revalorización. Varios antiguos propietarios intentaron revertir la expropiación alegando que ya no se destinaba al uso público original. Sin embargo, los tribunales fallaron a favor de Adif, que conservó la titularidad y la capacidad de venderlo. Cornes ya había salido a subasta en 2013, en plena crisis económica, pero no despertó interés. Fue en 2016, con el mercado inmobiliario en recuperación, cuando Adif volvió a ponerlo en venta esperando al menos 5,2 millones por ambas parcelas. No lo logró. Pese al interés del sector, la subasta volvió a quedar desierta allanando el camino para la posterior adquisición por parte del marido de Pardo de Vera.
Durante los últimos años, Adif promocionaba los terrenos en su página web como «una zona muy bien situada» y «con grandes expectativas de desarrollo futuro”. La descripción oficial destacaba la cercanía a la Plaza Roxa, a la estación de Renfe y al edificio de usos múltiples del Concello. Un enclave privilegiado que acabó en manos del entorno familiar de una de las máximas responsables del desarrollo urbanístico ferroviario en España hoy investigada por corrupción por el Supremo. Precisamente, este jueves, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado su vivienda en el marco de la trama de corrupción que investigan los tribunales.
