Más bien se asemeja a una etapa marcada por la supervivencia política, la improvisación en contextos de crisis y un desgaste institucional que ha ido en aumento con el paso del tiempo.
Es cierto que el Ejecutivo ha tenido que gobernar en circunstancias excepcionales: pandemia, guerra en Ucrania, inflación y crisis energética. Pero el argumento de la excepcionalidad, reiteradamente esgrimido desde La Moncloa, no debería servir para amortiguar todas las críticas. Gobernar en tiempos difíciles no exime de responsabilidad, sino que eleva el listón de exigencia.
En el terreno económico, la fotografía ofrece claroscuros que el discurso oficial tiende a simplificar. Por un lado, se han alcanzado cifras récord de empleo y un crecimiento superior al de otras economías europeas. Sin embargo, estos datos conviven con problemas estructurales no resueltos: una tasa de paro persistentemente elevada y una sensación extendida de pérdida de poder adquisitivo entre amplios sectores sociales. El resultado es un crecimiento que no logra traducirse de forma nítida en bienestar cotidiano, especialmente entre jóvenes y clases medias.
Más discutible aún es el balance político. La legislatura ha estado condicionada por una debilidad parlamentaria crónica, con dificultades recurrentes para aprobar presupuestos o sacar adelante iniciativas clave. La dependencia de alianzas volátiles y heterogéneas ha convertido la acción de gobierno en un ejercicio continuo de negociación al límite, donde la estabilidad ha sido más un objetivo que una realidad.
A ello se suma un clima de polarización creciente. Lejos de rebajar la tensión, el Ejecutivo ha contribuido en ocasiones a consolidar una dinámica de confrontación permanente, en la que el adversario político es tratado como un enemigo y no como un interlocutor. Este deterioro del debate público erosiona la calidad democrática y dificulta la construcción de consensos duraderos.
Pero quizá el elemento más problemático del balance sea el desgaste institucional. Las polémicas en torno a decisiones como la ley de amnistía o los casos de corrupción que han afectado al entorno del Gobierno han debilitado su credibilidad y han alimentado la percepción de incoherencia entre el discurso regeneracionista inicial y la práctica política posterior. Aquella promesa de ejemplaridad que acompañó la moción de censura de 2018 aparece hoy seriamente cuestionada.
En el ámbito social, el Gobierno puede reivindicar avances normativos y ampliación de derechos. Sin embargo, el impacto real de muchas de estas medidas queda diluido por problemas persistentes como la crisis de la vivienda o el encarecimiento del coste de la vida, que siguen marcando la agenda ciudadana.
En definitiva, los ocho años de Pedro Sánchez dejan un balance más cercano al agotamiento que a la consolidación. Ha sido un ciclo político caracterizado por la resistencia —a las crisis, a la fragilidad parlamentaria y a la presión política—, pero también por una creciente desconexión entre los logros macroeconómicos y la percepción social, entre las promesas iniciales y los resultados efectivos.
La cuestión que queda abierta no es si el Gobierno ha resistido, sino a qué precio lo ha hecho y con qué consecuencias para el sistema político español.
