Es decir, todos los casos de okupación previos a la fecha mencionada continuarán blindados por el Ejecutivo y los propietarios no podrán desahuciar a dichos inquilinos «vulnerables» pese a pertenecer a ese 93% de particulares que sólo tiene una o dos casas en propiedad.
Según recoge la disposición transitoria que regula la aplicación temporal de la norma que deroga y la que entra en vigor, prácticamente todos los procedimientos de lanzamientos por los que la polémica medida tuvo que extraerse del Ómnibus continuarán suspendidos.
Fuentes consultadas por este periódico destacan que el propio PNV, con el que Sánchez negoció la exclusión de los pequeños propietarios de la moratoria, tampoco comunicó a los afectados por la okupación la letra pequeña incluida en este apartado del decreto. Cabe recordar que el propio grupo parlamentario exigió y finalmente acordó con Sánchez ampliar el escudo social a los dueños de una sola vivienda en alquiler, para dejarlos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a dichas personas en situación de vulnerabilidad.
