Según se desprende de la documentación incorporada al sumario del ‘caso Leire’ —a la que tuvo acceso El Independiente— el partido habría fichado al letrado por unos servicios de consultoría por los que le habrían abonado 125.000 euros.
En una providencia de este miércoles consultada por este periódico, el magistrado pide a la formación socialista que informe de quién firmó el contrato, qué cargo ocupaba en ese momento y cuál era el acuerdo en virtud del cual actuó. Se trata de una diligencia que había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y a la que ahora el instructor del ‘caso Leire’ ha dado luz verde.
Teijelo, que ejerce la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, afirmó ante el juez en su declaración del pasado 25 de junio que fue contratado por el partido como asesor jurídico para elaborar «interpretaciones prospectivas» sobre investigaciones judiciales y que prestó esos servicios entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
Según precisaron fuentes jurídicas a este periódico, el letrado reconoció al juez que fue contratado para realizar una suerte de análisis prospectivo sobre investigaciones judiciales en curso. Precisamente, uno de los informes de la UCO incorporados a la causa señala que el partido de Pedro Sánchez contrató a Teijelo cuando el comisionista Víctor de Aldama salió de prisión tras ser detenido en febrero de ese mismo año por el ‘caso Koldo’. El objeto del contrato eran unos «servicios de consultoría jurídica» por los que habría cobrado, al menos, 125.000 euros.
Según la UCO, Teijelo emitió hasta tres facturas dirigidas al PSOE. La primera de ellas del 20 de enero de 2025, y corresponde a los servicios prestados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, por un total de 75.000 euros (más IVA). Las otras dos facturas se corresponden a febrero y marzo, y ambas ascienden a 25.000 euros. Según las citadas fuentes, serían estas las que Teijelo todavía no habría cobrado.
Hasta ahora, la investigación apuntaba a que la nota de encargo había sido firmada por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también investigada en la causa. El documento fijaba unos honorarios de 250 euros la hora, con un mínimo mensual de 15.000 euros y un máximo de 25.000. Sin embargo, Pedraz quiere ahora que sea el propio partido quien identifique formalmente a la persona que suscribió el contrato, el cargo que desempeñaba y la habilitación o acuerdo en virtud del cual actuó.
El requerimiento se enmarca en las diligencias que practica el magistrado para esclarecer la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para «desestabilizar» las causas judiciales que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno, influyendo en fiscales, jueces y guardias civiles.
