El magistrado considera que ha pasado un tiempo suficientes desde la petición inicial, sin que haya existido respuesta por parte de Ferraz, por lo que fija un plazo máximo de cuarenta y ocho horas para que el PSOE le conteste con el listado de abogados y despachos profesionales a los que contrató el partido durante los años 2021 a 2025, y el detalle de los servicios prestados por cada uno de ellos, que ya había solicitado a Ferraz, sin respuesta todavía, el pasado 6 de octubre.
En una providencia del magistrado, se insta a que en los dos próximos días se haga entrega de la relación de profesionales letrados, bufetes o especialistas en consultoría correspondientes a los que la formación incorporó «en cualquiera de sus órganos centrales o territoriales», en el período descrito sobre el que se extienden las pesquisas de la presunta guerra sucia socialista.
Además, cabe recordar que Pedraz también solicitó una «copia de la documentación o expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar» por cada uno de ellos. Por ejemplo, las notas de encargo en las que se apoyaron para conceder las autorizaciones correspondientes o, una vez finalizados los trabajos, la confirmación de que estos fueron prestados, en efecto.
