El PP, que gobierna en doce de las diecisiete comunidades autónomas, reunirá el próximo viernes a sus presidentes regionales para trazar un frente común contra el cupo, tras haber forzado, el próximo miércoles, la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero en el pleno del Senado.
El PP está convencido de que el rechazo a lo que consideran un «concierto» es transversal a distintas ideologías y así lo señalan sus dirigentes, tanto en público como en privado. Sin embargo, el PP no ha alcanzado en el pasado la meta de dividir al PSOE y fuentes de Génova ponen en duda la posibilidad de que los socialistas pasen de las palabras a los hechos. La portavoz en el Senado, García, calificó a los críticos de «plañideras» y Feijóo habló ayer de un PSOE «acobardado y sumiso».
El Gobierno por su parte ha contraatacado al PP señalando la disparidad de criterios entre sus territorios respecto un nuevo sistema de financiación autonómica. Tanto en la dirección nacional como en las autonomías reconocen estas diferencias, aunque fuentes de la dirección apuntan que el rechazo al pacto catalán actúa como un pegamento que les une a todos.
Este sábado, en su acto de apertura del curso político, Feijóo agradeció a sus barones su «altura de miras». «No se van a vender por nada ni por nadie y van a defender la unidad y la igualdad de todos los ciudadanos», destacó.
El otro elemento de desgaste al Gobierno serán los casos de presunta corrupción que afectan a Sánchez, a su entorno y a su partido. El PP está a la espera de que continúe la instrucción del caso Koldo y la investigación a Begoña Gómez para mover ficha y citar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado. Mientras guarda ese as en la manga, mantiene la presión con un goteo de críticas y ha dejado la puerta abierta a citar a Begoña Gómez, pese que Feijóo lo descartó inicialmente.
En el seno del PP hay además expectación acerca del rol que puede jugar el exministro Ábalos, tras el enfado que ha provocado en el exdirigente del PSOE, ahora en el grupo Mixto, la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Pese a la petición de Canarias y Ceuta, donde cogobierna y gobierna el PP, respectivamente, la formación de Feijóo y el Gobierno no han logrado acordar la reformar la Ley de Extranjería. El PP ha endurecido además su mensaje, con su portavoz en el Congreso, Tellado, poniendo como ejemplo las deportaciones masivas de las que se habla en Alemania. Los populares buscan además contradicciones en el discurso de Sánchez respecto a un asunto que tensiona a la coalición de Gobierno. «Sánchez está poniendo a prueba a sus palmeros. Les pide que aplaudan cuando diga que no a ninguna deportación y ahora les pide que aplaudan cuando promete deportaciones de inmigrantes irregulares», sostuvo ayer Feijóo.
La oposición frontal al Gobierno no ha impedido que el PP haya sido blanco de las críticas del líder de Vox, Abascal, que acusa a este partido de ser cómplice de una «invasión» por la acogida en las autonomías de menores migrantes no acompañados, que llevó a Vox a romper gobiernos de coalición y de gobierno en seis autonomías. El rol que juegue Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares y Región de Murcia, donde el PP ha descartado por el momento convocar elecciones, es la principal incógnita que afronta la formación. También está por ver cuál la capacidad real del PP para fisurar al bloque de investidura, en el que Junts es el principal factor que desestabiliza al Gobierno, que intentará sacar adelante unos presupuestos. Si no lo logra, el PP volverá a pedir elecciones.
«Dimitir y convocar son los dos únicos verbos que debería de conjugar», sostuvo este sábado Feijóo acerca de su adversario.
