Los hermanos Ángel y Javier Escribano mantienen desde hace tiempo una buena relación con el Gobierno, sobre todo, tras su desembarco en Indra como aliados de la Sepi, alcanzando el pasado mes de diciembre hasta un 14,3%. El objetivo que persiguen con ello es optar no solo a los grandes contratos en España, como ya lo están haciendo, sino también en Europa. Su entrada en Indra era, según explicaron, un movimiento estratégico «para poder competir por los contratos europeos de seguridad y defensa, cuyo presupuesto comunitario supera los 70.000 millones de euros». Ángel Escribano no lo ocultaba: «nuestro plan consiste en crecer como empresa relevante de defensa y consolidar a Escribano como un actor importante del sector». Impulsado por la guerra de Ucrania, el gasto militar de los estados miembros de la UE se elevó en 2023 a 279.000 millones de euros y las estimaciones apuntan a que el año pasado se alcanzaron los 326.000 millones.
En esa línea, en diciembre de 2023 Escribano fue designada, en una licitación negociada sin publicidad, por la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento junto a la también española Expal para suministrar el sistema de lanzacohetes de alta movilidad (Silam) por 697 millones.
El pasado mes de diciembre de 2024, Defensa adjudicó asimismo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Escribano un contrato por valor de 36,58 millones de euros para la adquisición de 14 sistemas contra Unmanned Aerial Systems (UAS). Este acuerdo, gestionado a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en la protección frente a amenazas procedentes de drones en zonas de operaciones. Y también en también diciembre, la Armada amplió el contrato de torres Sentinel 30 con Escribano para reforzar la protección de sus fragatas F-80 por otros 4,7 millones.
Escribano Mechanical and Engineering, una empresa familiar española, especializada en innovación y tecnología de defensa y seguridad, ya era el primer socio industrial de Indra y el segundo mayor accionista de la multinacional, sólo superado por el holding público, pero ahora, tras haber invertido 190 millones para sumar un 6,3% al 8% que ya tenían se han consolidado como un socio clave de Moncloa. Una muestra además de su apoyo al Gobierno y de la buena sintonía con el presidente Sánchez es que no solo están en Indra, sino también en el grupo Prisa, la editora de El País y la Cadena SER.
Los Escribano han tenido que endeudarse y pignorar todas sus acciones en Indra con la banca, pero no han dudado en hacerlo, conscientes de las posibilidades de crecimiento que tienen de la mano del Ejecutivo. De hecho, y gracias en gran medida a los contratos logrados en los últimos años con el ministerio de Defensa, Escribano, que nació como un pequeño taller en Coslada, ha pasado de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a 115,7 millones en 2023. Y el objetivo es alcanzar a corto plazo los 140 millones.
El fuerte endeudamiento asumido les ha causado, sin embargo, más de un problema. El grupo se vio obligado, por ejemplo, a traspasar el 3,37% de Indra había comprado en 2023, además de 4,9 millones de acciones de Prisa, a otra sociedad del grupo, evitando de este modo un descuadre financiero en el balance. De no haberlo hecho, la empresa habría cerrado el ejercicio 2023 con un fondo de maniobra negativo de 71 millones en vez de una cifra positiva de 13,8 millones de euros, que es la que finalmente ha publicado. A 31 de diciembre su pasivo corriente era de 156,9 millones de euros y su activo corriente se elevaba a 170,8 millones.
La empresa ha tenido siempre carácter familiar, salvo entre 2015 y 2021 cuando la familia dio entrada al fondo soberano de Omán, representado por Abdulsalam Mohammed Al-Murshidi.
