La fecha límite para que el Ejecutivo comunitario desvelase su análisis sobre las reformas e inversiones comprometidas en el cuarto pago era mañana, 20 de marzo, pero el ministro de Economía, Cuerpo, y el comisario Gentiloni, anunciaron un acuerdo para ampliar el plazo dos meses, hasta el 20 de mayo. De no ser así, Bruselas podría haber decretado un pago parcial, de menos de los 10.000 millones de euros previstos, porque el Gobierno no ha conseguido sacar adelante la reforma de las prestaciones por desempleo, que forma parte de los hitos de este cuarto desembolso.
Según explica la Comisión en un comunicado, las autoridades españolas remitieron ayer por la noche su propuesta para revisar el plan con enmiendas «técnicas» que tienen el objetivo de facilitar el análisis que llevan a cabo los servicios económicos europeos en cada tramo de ayudas.
Por ejemplo, en lugar de utilizar los millones desplegados como indicador del cumplimiento de algunos hitos, éstos se van a medir en número de contratos adjudicados para que su certificación no sea tan compleja. No es la primera vez que un Estado miembro solicita a Bruselas una modificación de su plan de recuperación para ampliar el plazo de análisis de un desembolso, pues es algo que ya hizo Italia cuando la actual primera ministra, Meloni, llegó al gobierno de su país reemplazando a Mario Draghi, que se había encargado de elaborar el plan inicial.
El Ejecutivo comunitario tiene ahora dos meses para validar todos estos cambios y después los Estados miembros dispondrán de otro mes para dar su visto bueno a las modificaciones. Este plazo para analizar el plan revisado de España significa, en la práctica, que la Comisión Europea tendrá otros dos meses más para evaluar el cumplimiento de los hitos y objetivos del cuarto desembolso, entre ellos la reforma de las prestaciones por desempleo que el Gobierno confía en sacar adelante.
Hasta el momento, España ha recibido más de 38.000 millones de euros de su plan de recuperación, dentro del cual tiene asignados casi 80.000 millones en ayudas directas y 83.200 millones en créditos.
