Ante ello, empieza a cobrar fuerza la posibilidad de que el presidente del Gobierno sea citado por la Justicia. La cuestión clave sería en qué condición: testigo o investigado. Este segundo escenario abriría un proceso complejo, ya que, al estar aforado, el caso tendría que pasar al Tribunal Supremo y requeriría el suplicatorio del Congreso.
Aquí aflora un problema de fondo. El suplicatorio no es un mero trámite: exige indicios sólidos y su aprobación depende de una mayoría parlamentaria. Es decir, la misma Cámara sostenida por el PSOE tendría en su mano decidir si permite o bloquea la investigación al presidente.
El riesgo es evidente. Un rechazo —expreso o por silencio— implicaría el archivo de la causa y, en la práctica, la imposibilidad de reabrirla por los mismos hechos, incluso si aparecieran nuevas pruebas. Un escenario que bordea la impunidad política.
En este contexto, resulta especialmente preocupante la estrategia del Ejecutivo frente al Poder Judicial. La insistencia en el discurso del lawfare y los ataques a jueces y tribunales desde instancias gubernamentales no parecen casuales, sino parte de un clima que erosiona la confianza en las instituciones.
Además, el margen de maniobra del presidente no se limita al Congreso. La actual composición del Tribunal Constitucional, renovada con una mayoría alineada con el Ejecutivo, refuerza la percepción de un sistema institucional cada vez más condicionado por intereses políticos.
No existe precedente en España de una eventual imputación de un presidente en ejercicio, lo que sitúa este escenario en un terreno de máxima excepcionalidad. Pero precisamente por ello, la exigencia de transparencia, respeto institucional y sujeción al control judicial debería ser aún mayor.
En lugar de eso, lo que emerge es una preocupante acumulación de escudos políticos y jurídicos que, lejos de fortalecer la democracia, proyecta la imagen de un poder decidido a protegerse antes que a someterse al escrutinio
