El Ejecutivo, que no cuenta con los apoyos suficientes para lograrlo, defiende que la verdadera cuestión a debate este martes es si las comunidades cuentan o no con «más recursos» para sacar adelante sus políticas.
Si, como está previsto, el Congreso rechaza la senda de estabilidad, el Ejecutivo no agotará el plazo legal de un mes para aprobarla otra vez en Consejo de Ministros, sino que la elevará de nuevo en una semana, según han confirmado desde Hacienda
El ministro España ha recordado que las metas que hoy lleva a la Cámara Baja otorgan un margen extra de gasto de 5.849 millones de euros a las comunidades autónomas para los tres próximos años, de forma que el Estado asumiría la mayor parte del esfuerzo de reducción del desequilibrio presupuestario. «No se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo», ha asegurado, para considerar además «incomprensible» que algunas comunidades los rechazasen en el Consejo de Política Fiscal celebrado la pasada semana.
La senda de estabilidad fija una reducción progresiva del déficit público para el conjunto de administraciones hasta el 1,8 % del PIB en 2027, al 1,6 % en 2028 y hasta el 1,5 % del PIB en 2029. El Ejecutivo replica lo acordado en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo comprometido con la Comisión Europea. En el caso de las autonomías, fija un límite de déficit del 0,1 % del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en tanto que para las administraciones locales se ha fijado el equilibrio presupuestario. Estos topes son los mismos que fueron rechazados hace meses.
En caso de que la senda reciba el visto bueno del Congreso pero la tumbe el Senado, el texto volvería a la Cámara Baja, que podría retirar ese veto. Y si, como ha venido sucediendo en lo que va de legislatura, las Cortes rechazan tanto en primera como en segunda votación, entrarían en vigor los objetivos pactados con Bruselas, según un informe de la Abogacía del Estado en poder de Hacienda. Esos objetivos recogen las mismas metas de déficit pero sin repartirlas entre subsectores. Así, las autonomías deberían cerrar en equilibrio y no contarían con esa décima de déficit extra.
Este último escenario supondría una pérdida de margen presupuestario para las administraciones territoriales e impediría que se pudieran pactar topes de déficit asimétricos para las autonomías. Con todo, el Gobierno tendría vía libre para confeccionar y sacar adelante unos presupuestos ajustados a esas metas y enviarlos al Congreso antes de octubre. Las de 2027 se convertirían, en caso de salir adelante, en las primeras cuentas públicas de la actual legislatura tras haber sido prorrogados tres veces consecutivas los presupuestos de 2023. Ese escenario parece poco probable dada la falta de apoyos parlamentarios que afronta el Ejecutivo.
