Esta es la principal demanda de la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, que ha presentado este miércoles 19 de febrero su nuevo estudio, ‘Análisis de la Inversión Prioritaria en Infraestructuras en España’ elaborado por la ingeniera Sener. En el informe se recogen un total de 72.134 millones para actuaciones planificadas; 56.656 millones para modernizar y adaptar infraestructuras existentes y 69.645 millones para proyectos innovadores.
Pero lo más llamativo de las peticiones de la patronal es que incorporan un total de 820 millones de inversión en el ámbito de la DANA que afectó en mayor medida a la Comunidad Valenciana y en concreto, a la provincia de Valencia. La cantidad se incorpora para el «reestudio y ejecución de un total de cinco estructuras de laminación y proyectos de adecuación ambiental». La patronal entiende que es la «alternativa más eficaz para laminar avenidas en episodios extremos de lluvia en zonas inundables de elevada tasa de población y urbanización».
De forma adicional a las medidas hidráulicas recogidas en el informe, que en lo relativo a adaptación al cambio climático en las Cuencas Mediterráneas españolas representan 2.432 millones de euros, habría que añadir las inversiones programadas en 2022-2027 del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, de 3.312 millones de euros no recogidos en el documento, así como estos 820 millones de inversión en el ámbito de la DANA del mes de octubre del pasado año.
En infraestructuras hidráulicas, el informe destaca un total de 11.016 millones de euros en saneamiento y depuración, «imprescindibles para proteger la salud pública y el medioambiente». También incluye 8.748 millones en medidas de abastecimiento y regadío, para mitigar la distribución desigual de recursos hídricos, un total de 3.724 millones en la gestión de recursos hídricos para luchar contra la sequía, otros 1.649 millones de euros en conservación y mantenimiento; 4.871 millones en actuaciones relacionadas con regadíos y planes para la agricultura y por último, 3.054 millones de euros en actuaciones para la prevención y mitigación del riesgo de inundaciones en España.
Según Eurostat, y así lo recuerda Seopan, España es el cuarto país europeo con mayores pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos. Explica el organismo que representaron en el año 2020 un total de 27,13 euros por habitante.
En lo relativo a las inversiones planificadas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, la ejecución de medidas de adaptación, capacidad e interconexión de redes y las medidas de eficiencia energética y almacenamiento hidroeléctrico requieren 34.196 millones de inversión, según recoge Efe. Estas se reparten en 7.646 millones para la adaptación de las redes de cara a la integración de las renovables; 4.200 millones para aumentar la capacidad de almacenamiento hidroeléctrico a 3,5 GW en 2030; 4.187 millones para mejorar la eficiencia energética en el sector residencial; en puertos (306 millones), en el sector terciario (2.376 millones) y en grandes instalaciones de climatización de edificios y en infraestructuras públicas (3.947 millones).
Por otra parte, las inversiones en modernización y adaptación del ‘stock’ de infraestructuras existente -hidráulicas, medioambientales y equipamiento público- ascienden a 56.656 millones de euros. Para aquellas relacionadas con el ciclo integral del agua se contemplan 44.518 millones; para las de medioambiente, 2.733 millones, y para las relativas a capacidad hospitalaria y neutralidad energética en equipamiento público 9.405 millones.
El informe recoge también una serie de inversiones innovadoras por 69.645 millones relacionadas con la prevención de la desertificación e impulso de cultivos de alto valor añadido en Murcia y Málaga (7.007 millones); generación fotovoltaica en 5.000 hectáreas de la red nacional de autovías (1.638 millones); desarrollo de energía fotovoltaica flotante, de energía undimotriz e hidrógeno verde (21.000 millones); una infraestructura verde urbana y el impulso y despliegue de redes de frio/calor (un mínimo de 40.000 millones hasta 2050).
