Aunque muchos arrendadores pertenecen a la clase media, la propiedad destinada al alquiler está más extendida entre las rentas altas. Según los datos de 2024, el 23,7% de quienes ganan más de 60.000 euros al año obtiene ingresos por alquilar viviendas, frente al 6,9% de quienes perciben menos de 30.000 euros. En otras palabras, casi uno de cada cuatro contribuyentes con mayores ingresos es casero, frente a uno de cada quince entre las rentas más bajas.
La información fiscal también permite dibujar una radiografía del mercado del alquiler. Cerca de un tercio de las viviendas arrendadas pertenece a propietarios con ingresos de entre 30.000 y 60.000 euros anuales, mientras que el 16,8% está en manos de contribuyentes con rentas superiores a 60.000 euros.
Expertos en vivienda alertan de una creciente concentración de la propiedad inmobiliaria en determinados grupos con mayor capacidad económica, lo que contribuye a ampliar la desigualdad en el acceso a la vivienda.
En materia fiscal, los propietarios que alquilan de forma estable pueden beneficiarse de una reducción del 50% sobre el rendimiento neto obtenido. La Ley de Vivienda modificó este incentivo, elevándolo hasta el 90% en determinadas zonas tensionadas cuando se ofrecen alquileres más asequibles. El Gobierno estudia extender estas ventajas al conjunto del país.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, este sistema de bonificaciones tuvo un coste estimado de 717 millones de euros en 2023.
