Tras meses de tira y afloja, los bonistas –capitaneados por los fondos Oak Hill, Blantyre, HIG, Fortress y Treo– y la banca han acordado con la compañía, ahora renombrada como Food Delivery Brands, y sus actuales accionistas, liderados por KKR, junto a Artá, Torreal, J Safra Group y Altamar. Estos son los más perjudicados por el acuerdo, dado que pierden por completo su participación. El grupo de bonistas serán los accionistas mayoritarios, con un 75% del capital. El otro 25% estará repartido entre el Santander, el ICO y otras entidades financieras, aún por concretar. Los bonistas, a cambio de quedarse con la compañía, asumirán una quita de dos tercios de su pasivo, unos 200 millones. Transforman esta deuda en un 75% del capital y el resto, unos 100 millones, se convierte en unos nuevos bonos. Estos títulos retrasan dos años el vencimiento, que pasa de 2026 a 2028, y disparan el interés, del 6,25% al 12,25%. También extienden hasta octubre el plazo para que la compañía retrase el pago del cupón de los bonos.
Los bonistas muestran también el compromiso con la compañía con una inyección de dinero contante y sonante de 60 millones, tal y como rubricaron ambas partes en febrero en un primer acuerdo. Se articula como un préstamo, con un interés del euríbor más un 6,25% y una comisión del 4%, del cual la compañía ya ha recibido 31 millones. A esto se suman otros 11 millones que aportan los actuales accionistas, liderados por KKR.
La compañía también ha conseguido un acuerdo con la banca, con el Santander a la cabeza. Esta entidad prestó a Telepizza 40 millones con aval del ICO durante la pandemia. El banco español ha obtenido un tratamiento idéntico para su préstamo que el de los bonistas. Se le aplicará una quita de dos tercios del préstamo y a cambio obtendrá una parte del capital. También entrará en el capital el ICO y otras entidades financieras que participan en el préstamo de 60 millones. Las líneas de liquidez, por cerca de 50 millones, permanecen intactas. El acuerdo cuenta con el apoyo del 80% de los bonistas. El siguiente paso para ponerlo en marcha será solicitar su homologación judicial, que se prevé para finales de año. Houlihan Lokey ha sido el banco contratado por la empresa para este proceso. Rothschild, por su parte, ha sido el asesor de los bonistas.
Por otra parte, Telepizza calcula el impacto contable del acuerdo de reestructuración. La compañía asumirá por este efecto, según indican fuentes financieras, un menoscabo de 232,2 millones de euros correspondiente al ajuste del valor de la inversión de los accionistas actuales, anticipando el efecto de la pérdida de su participación una vez concluya el proceso de refinanciación. Esto supondrá que las cuentas de 2022 reflejen unas pérdidas de 278 millones de euros, que además del efecto contable del acuerdo supone el pago de intereses financieros de 37 millones. Excluyendo dichos factores, se prevé que el ebitda ascienda hasta los 58 millones, un 18% menos que en 2021. Las ventas se situaron por encima de los 1.200 millones, un 10,4% más que las de 2021.
