No obstante, en los últimos años ya se ha intensificado la presión a las empresas en este sentido, como ponen de relieve los últimos datos difundidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A lo largo de 2024 se produjo un incremento de las actuaciones que dieron lugar a sanciones por más de 15 millones de euros, un 9,5% más que la cuantía reclamada un año antes
La memoria anual del organismo concreta que a lo largo del año pasado tuvieron lugar 35.500 actuaciones (un 7,68% más que en 2023) en materia de tiempo de trabajo, dirigidas a vigilar el cumplimiento de los límites de la jornada de laboral, las horas extraordinarias, los descansos, vacaciones y, también, el registro de jornada que ahora se quiere reformar. En ellas se realizaron 9.500 requerimientos a compañías, en los que se detectaron 11.945 infracciones por las que se propusieron multas por 15.210.437 euros.
El organismo ha intensificado las inspecciones dirigidas a vigilar el tiempo de trabajo desde el año 2016, cuando se emitió una instrucción para reforzar el control en este área. Estas suponen ya un 21,8% de los trabajos llevados a cabo por la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos, el 26,5% del total de requerimientos y el 47,8% de las infracciones detectadas en las empresas en 2024.
La Inspección de Trabajo desgrana las operaciones que tenían como principal objetivo vigilar las horas extraordinarias. Esta campaña llevó a detectar 986 infracciones, por las que se impusieron sanciones por valor de 2,02 millones de euros (un 25% más que en 2023). Desde 2019, cuando se introdujo por primera vez la obligación de registrar el tiempo de trabajo, también se revisan de forma específica estas anotaciones. En 2024 se realizaron más de 9.000 actuaciones dirigidas a comprobar el cumplimiento de esta obligación, en las que se impusieron multas que rozaron los tres millones de euros (un 2,5% menos que un año antes).
El organismo también puso en marcha un plan de choque para luchar contra el fraude en la contratación a tiempo parcial, en la que también se puso el foco en las horas trabajadas, por el que se incrementó la jornada a 29.000 trabajadores, que superaban de forma reiterada las horas de trabajo recogidas en su contrato. Mientras que las actuaciones ordinarias elevaron la jornada de otros 12.900. La memoria del año pasado explica que las actuaciones se intensificaron tras comprobar que se estaban produciendo fraudes en este sentido en la práctica totalidad de sectores económicos.
Díaz quiere ampliar la capacidad del organismo de vigilar este tipo de incumplimientos por parte de las empresas a través de la reforma del registro de jornada, con el objetivo de aflorar todas las horas extra que se realizan a la semana y que no son remuneradas ni compensadas con descanso. El número varía cada trimestre, pero los datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el INE apuntan a que se hacen casi tres millones de horas extra no pagadas cada semana. No obstante, al margen de cuando se acabe aprobando el texto que el departamento de Trabajo ya ha sometido a audiencia pública, el plan de la Inspección de Trabajo para los próximos tres años ya sitúa el control de las horas extraordinarias y el registro de jornada entre las prioridades a controlar. Como publicó elEconomista.es, las líneas de actuación para el periodo 2025-2028 recogen que «se elaborarán y ejecutarán nuevas reglas para la detección y control de incumplimientos en materia de tiempo de trabajo en general y de horas extra y complementarias en particular, con el fin no solo de intensificar las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección, sino también de incrementar su eficacia».
En el plan estratégico, Trabajo también llamaba la atención sobre el volumen de denuncias y comunicaciones recibidas en el buzón de la Inspección de Trabajo que hacen referencia a incumplimientos en el pago de los salarios. Las actuaciones relacionadas con la comprobación del abono de las nóminas representaron en 2024 el 19,7%de la actividad de la Inspección en materia de relaciones laborales.
Como sucede con el registro de jornada, en 2019 se creó una campaña específica de control de las condiciones salariales. Dentro de este marco se iniciaron 25.500 actuaciones a lo largo de 2024 por las que se impusieron multas por un importe superior a los 10 millones de euros, que suman a los otros 10,5 millones de euros en sanciones en materia de salarios, recibos de salarios y finiquitos que se propusieron a raíz de las actuaciones habituales de la Inspección de Trabajo.
